Bravo busca apoyo entre los operadores jurídicos para activar un plan de choque para evitar que el calendario judicial colapse y esolver 400 asuntos en la provincia
Castellón Información
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha recabado este martes el apoyo de los operadores jurídicos de la Comunitat Valenciana para poner en marcha "cuanto antes" el plan de choque para reducir el atasco judicial provocado por la pandemia del COVID-19.
Esta iniciativa de la consellera fue presentada el pasado 12 de diciembre en la la Comisión Mixta que reúne a la Generalitat con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que sea estudiada por la Sala de Gobierno del alto tribunal.
En una reunión telemática con representantes de los colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales de las tres provincias, Bravo ha recibido el apoyo del 'Plan Reactiva Justicia COVID-19 2021' para el que la Generalitat está dispuesta a aportar 2,2 millones de euros. La iniciativa fue trasladada hace diez días a la Sala de Gobierno del TSJCV que debe aprobarla antes de elevar la propuesta al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.
Tal y como ha explicado Bravo a los y las representantes de los operadores jurídicos valencianos, se trata de "un plan específico para las jurisdicciones de lo Social y lo Civil para reducir los tiempos de espera" ya que "tenemos que corregir que se estén realizando señalamientos de juicios para el 2022 y, si no se hace algo, los plazos de espera serán completamente inaceptables".
De esta forma, "se deben potenciar las jurisdicciones Civil y Social en Valencia y Alicante y la Mercantil en Castellón", ha dicho la consellera. Para ello, en Valencia se destinarían 10 jueces/zas de refuerzo, 5 letrados/as de la Administración de Justicia (LAJ) y 22 funcionarios/as. Para Alicante, se plantearía el despliegue de 7 jueces/zas, 4 LAJ y 16 funcionarios/as, mientras que para Castellón se prevería el envío de 1 juez/a, 1 LAJ y tres funcionarios/as.
Gracias a estos refuerzos, se estima que los juzgados de la provincia de Valencia podrían resolver alrededor de 3.600 asuntos de la jurisdicción social y 2.400 de la civil durante el primer semestre de 2021. En el caso de los partidos judiciales alicantinos, se prevé la resolución de 2.400 asuntos de lo Social y otros 1.800 de lo Civil. Por su parte, para Castellón se plantea que el refuerzo en lo Mercantil resuelva en torno a los 400 asuntos.
Con esta iniciativa se pretende "reagendar el calendario judicial para que los tiempos de espera sean razonables" ha dicho la consellera que ha especificado que este plan es "independiente de la acción de los tres juzgados COVID-19 que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de enero en cada capital de provincia", según Bravo.
Estos refuerzos se sumarían a las nuevas unidades judiciales especializadas en asuntos relacionados con la COVID-19 de las jurisdicciones de lo Social, lo Civil y lo Mercantil y que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de enero en cada capital de provincia. Para su puesta en marcha se ha invertido un total de 800.166 euros y estarán atendidos por una plantilla conjunta de 27 personas. En estos nuevos juzgados se prevé la resolución de unos 20.000 casos a lo largo del año que viene.
