Vicente Aparici. Senador del PP por Castellón y portavoz de Medioambiente del GPP.
Sin duda la política de aguas emprendida por el nuevo gobierno de España proporciona un camino más adecuado hacia la concertación nacional para un reparto mas justo y sostenible de un recurso escaso pero fundamental como el agua.
Era esencial para ello abordar los distintos planes de cuenca (recuerdo deberían haber estado terminados para el 2009) y conseguir el máximo consenso en su elaboración, de forma que se alcanzara el objetivo planteado, como compromiso con la Comisión Europea, de tenerlos terminados para el 2013 y evitar las consecuencias del incumplimiento flagrante del anterior gobierno socialista.
No es , ni nunca lo ha sido, una tarea fácil. Los fundamentos del Pacto Nacional del Agua que el ministro Cañete esbozó a principio de legislatura han tomado cuerpo en las distintas administraciones y en los propios usuarios y se va abriendo camino la posibilidad real de llegar a consensos claros en materia de agua. El propio ministro asegura que a partir del 1de Enero del 2014 comienza el trabajo definitivo hacia un nuevo PHN basado en este pacto nacional.
Ello ha hecho posible que planes como el del Ebro, el del Tajo, y otros más que en algún momento planteaban situaciones complicadas para el consenso hoy se encuentren ya aprobados o en vías de aprobación manteniendo los conceptos de uso eficiente y racional de las aguas, solidaridad interterritorial y sostenibilidad ambiental.
Los últimos flecos de estos planes y el cierre definitivo del plan del Júcar proponen un panorama bien distinto al que teníamos al principio de legislatura donde ni uno solo de los planes estaban aprobados cuando habían pasado dos años de la fecha marcada por la normativa europea.
Superado este reto, nos enfrentaremos a otro nuevo que será el de proveer la tecnología necesaria y financiar las infraestructuras que refleja esta nueva planificación hídrica en España.
En un momento de control férreo del gasto, requerido para cumplir con el objetivo de déficit acordado con la Unión Europea, y de una nueva situación de escasez de fondos estructurales europeos, se me antoja imprescindible un modelo de financiación de las inversiones que haga de la participación del capital privado, junto al público, una herramienta fundamental para acometer estos planes con la celeridad necesaria, sin incurrir en mayor endeudamiento para la administración.
Las empresas españolas, reconocidas en todo el mundo por su capacidad técnica y tecnológica, pueden y deben jugar un papel importante en el desarrollo y gestión de los proyectos enmarcados en los planes de las distintas cuencas. Sin duda junto a las dos empresas públicas del estado (ACUAMED Y ACUAESPAÑA) que en su nueva configuración están acreditando experiencia y capacidad para ello.
Hemos iniciado un camino para recuperar la confianza y la ilusión en una nueva política de aguas que satisfaga a los usuarios y también a la Unión Europea. Ahora toca llevarlo a cabo y conseguir recursos disponibles que lo hagan posible, en una situación de control del gasto de la administración que nos obliga a todos. A ello vamos.
