La Unió estima que para España habrá una reducción de entre el 1,9% (2021) y el 1,16% (2027) de las ayudas directas
Castellón Información
La Unió de Llauradors i Ramaders denuncia, tras el acuerdo provisional para la futura PAC alcanzado esta semana en la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca celebrado en Luxemburgo bajo la presidencia portuguesa, que podría ser muy lesivo para el campo valenciano al suponer la pérdida de aproximadamente más de 138 millones de euros hasta el año 2027, tomando como año base 2020 al ser el último con datos definitivos y entrar en vigor ya en el actual 2021 la convergencia.
Se estima para España una reducción de entre el 1,9% (2021) y el 1,16% (2027) de las ayudas directas, lo que significará un recorte directo de unos 138,5 millones de euros en la Comunitat Valenciana entre 2021 y 2027, incluida la reducción del 1,85% de estas ayudas para alimentar la reserva de crisis, que ya no devolverá los fondos cuando no se utilicen (unos 2,4 millones de euros anuales durante el periodo entre 2023 a 2027).
Además de este recorte, la organización cree que conllevará una pérdida de competitividad de las explotaciones en la Comunitat Valenciana y menores rentas para los agricultores y ganaderos, aparte de no garantizar que se tengan en cuenta las peculiaridades de la agricultura mediterránea como había afirmado reiteradamente el ministro de Agricultura, Luis Planas, ni que las importaciones cumplan con los estándares productivos que la Unión Europea exige a sus propios productores.
La Unió considera que, tal y como se ha planteado el acuerdo, con los nuevos topes del 25% para ecoesquemas y el 35% del segundo pilar a fines ambientales, se refuerza mucho más de lo que se debería la ambición verde de la PAC, lo que supone mayores exigencias para los agricultores y ganaderos y, por lo tanto, significan unos costes de producción más altos. En este sentido, desde la organización se recuerda que la PAC ya era, antes del acuerdo, la política europea que más contribución presupuestaria realiza al objetivo climático.
La Unió también critica la inclusión de la condicionalidad social en la PAC de forma obligatoria a partir de 2025, ya que únicamente aportará más complejidad burocrática al sistema cuando ya existen sistemas en los Estados Miembros que garantizan este cumplimento.
También señala, además, que en la vigente PAC los mecanismos de regulación del mercado han funcionado de manera muy deficiente en los casos de distorsiones de los mercados y que no han dado respuesta eficaz a las graves crisis que han sufrido, y aún sufren, muchos sectores. La Comisión Europea no ha sido capaz de establecer ninguna medida de distorsión de mercado en los diferentes sectores agrarios valencianos en crisis, a pesar de tener dinero para ello. En este sentido, y a modo de ejemplo, cabe recordar la desastrosa campaña citrícola de hace tres años, las reiteradas crisis del sector de la fruta, la viña, aceite de oliva, frutos secos y ganadería.
La organización valora que la pérdida de competitividad derivada de los mayores estándares ambientales y de todo tipo a los que se condiciona la producción europea, sitúa a los agricultores y ganaderos en situación de desventaja frente a otras potencias agrícolas de terceros países, cuya competencia desleal se favorece desde la propia Unión Europea a través de tratado y acuerdos de libre comercio, sin respetar los principios de reciprocidad ni exigir a las mercancías importadas nuestras mismas normas.
Para Carles Peris, secretario general de La Unió, “las rentas de los profesionales del sector agrario deberían provenir prioritariamente, no de las ayudas, sino del mercado; pero es que encima las recortan las pocas que recibimos, nos imponen condiciones que aumentan nuestros costes, desmantelan los mecanismos de regulación de los mercados y nos ponen, por si todo lo demás no fuera ya suficiente, a competir en inferioridad con terceros países”.
