En total en la Comunitat Valenciana 25.732 ciberdelitos durante 2020, lo que supone un 9% del total nacional
Castellón Información
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron en la Comunitat Valenciana durante el año 2.020, 25.732 ciberdelitos, lo que supone un 9% del total nacional.
Con estas cifras, la Comunidad Valencia se sitúa como la cuarta comunidad, por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía, en ciberdelitos registrados durante el 2020. Por provincias, la de Valencia con 14.525 y la de Alicante con 8.956 ciberdelitos se encuentran entre las 10 provincias con más hechos denunciados. En el caso de la de Valencia, es la tercera provincia por detrás de Madrid y Barcelona. Alicante se sitúa en la octava posición por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia, Baleares, Bizkaia, Sevilla y Málaga. En la provincia de Castellón durante 2020 se registraron 2.251 ciberdelitos.
Del total de ciberdelitos conocidos en la Comunidad Valenciana, más del 85 por ciento (21.917) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (1.779 casos), que representan un 6,9 por ciento.
A nivel provincial se sigue la misma pauta. En Alicante, del total de hechos denunciados por cibercriminalidad, el fraude informático supuso el 84,43 por ciento (7.562 casos) y las coacciones el 7 por ciento (629 casos).
Por su parte en la provincia de Castellón, más del 83 por ciento (1.869 casos) de los ciberdelitos conocidos fueron estafas y el 8,2 por ciento (185 casos), coacciones.
En la provincia de Valencia, cerca del 86 por ciento (12.486) fueron fraudes y el 6,6 por ciento (965) amenazas y coacciones cometidas a través de Internet.
A nivel nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d’ Esquadra y los distintos cuerpos de policía local) registraron en 2020, 287.963 hechos presuntamente delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que supone un incremento del 31,9 por ciento con respecto al 2019.
Los datos contabilizados desde 2016 confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad.
Las cifras están recogidas en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Perfil de los delincuentes
El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.
A lo largo del año 2020, se reportaron también 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2 por ciento más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24,08%) y la energía (14,05%).
Este VIII Informe sobre Cibercriminalidad recoge información de todos los cuerpos policiales del territorio nacional, tanto en los hechos conocidos como en detenciones e investigados, motivo que ha permitido reconstruir y actualizar la serie histórica desde el año 2016.
Plan estratégico contra la cibercriminalidad
El incremento progresivo de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva. Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.
En el diseño del plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), participaron responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil, policías autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e INCIBE-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.
