La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha desvelado este viernes que el equipo de gobierno de Amparo Marco ha impuesto más de 15.000 multas y ha recaudado más de 3,2 millones de euros en concepto de sanciones a través del sistema de videocámaras que se ha instalado en las calles del centro de la capital de la Plana. Unas sanciones que, en decreto de alcaldía fechado el 8 de julio de 2021, se recoge la orden de “anulación de multas impuestas por sistema de captación de imágenes: multas por circular por zona peatonal sin autorización
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Fue en apenas dos meses. Por tal motivo, desde el PP de Castelló se califica de “barbaridad". Agrega Carrasco que "el dato confirma que las videocámaras son una gran caja registradora que penaliza el acceso al centro de Castellón. Teniendo en cuenta que apenas estuvieron activas dos meses, desde el 16 de febrero hasta el 26 de abril, significa que cada día recaudaron más de 45.700 euros de un total de 235 usuarios, friendo a multas a los residentes en las calles del centro, usuarios que se acercaron a realizar compras y pymes y autónomos que simplemente transitaron por la zona acotada porque tenían que realizar operaciones de carga o descarga de mercancías o prestar servicios”, ha lamentado la portavoz del PP en Castellón
“La puesta en marcha del sistema de control de acceso al casco histórico de Castellón por videocámaras es un gran error. Y menos en estos momentos, cuando todavía estamos inmersos en una pandemia, lo que ha lastrado el consumo en comercios y negocios de hostelería, cuya facturación se ha visto seriamente perjudicada. Lo que menos se necesita es poner en marcha un Gran Hermano que, lejos de ayudarles, lo que hace es ahuyentarles la clientela”, por lo que reitera “la voluntad del PP firme, tal y como ya solicitamos formalmente en el pleno del Ayuntamiento, a que se apaguen de manera definitiva”.
En este sentido, Begoña Carrasco recuerda que hay residentes en la zona que acumularon multas por valor de más de 4.000 euros en apenas 20 días, por el simple hecho de acceder al garaje de su domicilio como siempre lo habían hecho, “ya que ni siquiera se les informó debidamente de la entrada en funcionamiento de las cámaras porque lo hicieron con nocturnidad y alevosía”, a razón de hasta 200 euros por sanción.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón ha lamentado “la falta de transparencia diaria y a todos los niveles” que aplica el PSOE, Compromís y Podemos en el Ayuntamiento de Castellón, “ya que, a pesar de que lo hemos solicitado infinidad de veces en comisión informativa, a día de hoy no se nos ha facilitado ni el número de sanciones ni el importe de las mismas. Ha sido gracias a la labor fiscalizadora de la oposición, y al control que realizamos sobre toda la documentación que cae en nuestras manos, donde hemos detectado las cifras”, ha valorado.
Quedaron totas anuladas
Concretamente, según un decreto de alcaldía, fechado el 8 de julio de 2021, se recoge la orden de “Anulación de multas impuestas por sistema de captación de imágenes (multas por circular por zona peatonal sin autorización)”. Y es en este documento oficial en el que aparece que han sido “16.475 recibos, cuyo importe principal asciende a un total de 3.255.280,00 euros”. “Aun así, desde el PP, tenemos constancia de que las sanciones y la recaudación será aún mayor, puesto que se siguen tramitando otras del citado periodo anulado”, añade.
“Pedimos sensibilidad. El sistema de videocámaras, que por cierto vuelve a estar activo desde el 1 de octubre, no es la solución a la accesibilidad al centro de Castellón. Existen otros sistemas que tienen el mismo papel, pero que no son tan gravosos. Si la alcaldesa de Castellón apuesta por el control de matrículas por videocámaras es porque en el fondo de todo está el ánimo recaudatorio. No hay más explicación”, asegura.
