La Fiscalía y la Defensa solicitan la absolución y la alcaldesa Amparo Marco comparecerá como testigo
El juicio del ‘Caso de los sobres’, se verá en la Audiencia Provincial de Castellón a partir del próximo martes. Será un juicio con jurado que deberá determinar si Nomdedeu y Brancal, concejales de Castelló en 2014, y su ex asesor, cometieron delitos de malversación de caudales y falsedad documental en el envío de sobres con propaganda electoral con cargo al correo municipal. La Fiscalía pide la absolución porque no considera probada su autoría. La alcaldesa comparecerá como testigo.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El ‘Caso de los sobres’ da nombre a un proceso judicial que arrancó en febrero de 2018, sobre unos hechos que se produjeron en mayo de 2014.
En aquellas fechas, según la acusación del PP, el Grupo Municipal Compromís envió propaganda y papeletas electorales de su representante a las elecciones europeas, en sobres con membrete del Ayuntamiento de Castelló y a través del correo municipal.
Pero el caso no salió a la luz hasta febrero de 2018 a través de una querella presentada por el concejal popular Juan José Pérez Macián, en la que acusaba al entonces secretario autonómico para el Empleo, Enric 
Nomdedeu, y la vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, de presunta malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. El Juzgado de Instrucción admitió a trámite la querella e inició los procedimientos.
Los hechos
Tal como se ha avanzado, los hechos se habrían producido en mayo de 2014. Según el relato recogido en la querella, Compromís organizó el envío de su candidatura y papeletas a las elecciones europeas desde el despacho municipal del grupo en el Ayuntamiento de Castelló, y utilizó tanto los sobres, con membrete municipal como el correo del ayuntamiento para su envío.
Campaña electoral a las elecciones europeas de 2014
Gobernaba el Partido Popular en el ayuntamiento y Compromís, que tenía una representación de dos concejales: Enric Nomdedeu y Ali Brancal, estaba en la oposición
Según la querella, el 16 de mayo de 2014, el funcionario municipal detectó un envío masivo de Compromís con cargo al ayuntamiento. El trabajador del ayuntamiento dio aviso al concejal responsable, Juan José Pérez Macián. Inicialmente, el concejal paró el envío, dio parte a la Junta Electoral y requirió explicaciones al portavoz de Compromís Enric Nomdedeu.
Nomdedeu afirmó que su grupo enviaba el boletín municipal, como ya había hecho otras veces. Pérez Macián le pidió que lo confirmara por escrito, y con este documento autorizó el envío y retiró la denuncia presentada a la Junta Electoral.
Y aquí quedó todo… de momento.
Sin embargo, hay sobres que no pudieron ser entregados a sus destinatarios. Correos devolvió al ayuntamiento una caja con los 15 sobres no entregados.
Cambio de gobierno, cambio de despachos y caja con los sobres
Durante el año y medio siguiente, pasaron muchas cosas; Castelló se vio inmerso en la investigación de la Operación Púnica de la guardia Civil, se celebraron elecciones municipales, el PP perdió la mayoría absoluta de que había gozado durante los 24 años anteriores, y los grupos de izquierdas: PSOE, Compromís y Castelló en Moviment firmaron el Pacto del Grau.
En función de aquel acuerdo, PSOE y Compromís constituían un gobierno en minoría con el apoyo de Castelló en Moviment. El Partido Popular pasaba a la oposición.
La caja con los sobres devueltos por Correos, del envío de 2014, se encontraba entre los documentos que los populares trasladaron a sus nuevos despachos de la segunda planta.
Si el PP sabía del contenido de aquella caja cuando la devolvió Correos o si se percató de ello mucho después, solo ellos lo saben.
El pleno de la corrupción y la revancha del PP
Lo cierto es que no fue hasta principios de 2018 cuando hicieron uso de ello en el pleno contra la corrupción que convocaron los otros grupos municipales.
Fue la ‘gran revancha’ de un PP, que se veía sometido un día si y otro también a las acusaciones de los grupos de la izquierda, por los casos de corrupción de la Gürtel.
En un pleno, en el que se pensó que se conseguiría humillar a los populares, los del PP salieron más que airosos. Por una parte, acusaron al portavoz de Castelló en Moviment de haber comprado una vivienda en la Marjalería en una zona en la que ellos mismos habían contribuido a modificar su calificación urbanística (Tema que la Fiscalía no aceptó pero que también acabó judicializado).
Y por otra, teatralizaron la apertura de un sobre, con membrete municipal, que incluía candidaturas y propaganda electoral de Compromís a las elecciones de 2014. Y no solo eso, sino que anunciaron que habían presentado una querella en el juzgado de Castelló por malversación de caudales públicos, contra Enric Nomdedeu y Ali Brancal, y de falsificación en documento público contra Enric Nomdedeu.
Y aquí comentó uno de los casos más mediáticos de Castelló, porque puso en el ojo del huracán a la entonces vice alcaldesa de Castelló, Ali Brancal, y al ya secretario autonómico para el Empleo, Enric Nomdedeu.
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Castelló aceptó a trámite la querella y comenzó las indagaciones, pero además, pidió declaración como ‘investigados’, a los dos políticos de Compromís.
A partir de aquel momento se iniciaron dos batallas, la legal y la política.
Batalla Política: El Código de Buen Gobierno
En lo político, se daba la circunstancia de que Compromís había sido uno de los máximos instigadores en la legislatura de Alfonso Bataller, del PP (investigado y luego exonerado), para solicitar que el Ayuntamiento de Castelló aprobara un Código de Buen Gobierno, un Código Ético tan leonino, que pusiera contra la pared y obligara a dimitir de sus cargos a cualquier concejal que estuviera inmerso en un proceso judicial por causas relacionadas con la corrupción.
Aunque la palabra utilizada era la de ‘imputado’, cuando se modificó penalmente el apelativo de imputado por ‘acusado’, quisíeralo o no Compromís, también les afectaba de lleno, fundamentalmente a Ali Brancal, que ostentaba el cargo de vice alcaldesa.
En aquella batalla política no hubo grupo que no sacara tajada. Los de la oposición, porque ponían en un brete al equipo de gobierno de PSOE y Compromís y su credibilidad.
El Grupo Socialista, porque aguantó hasta el último segundo para no romper el pacto de gobierno, pero con declaraciones en las que los socialistas afirmaban que ellos habían firmado un pacto para destituir a cualquiera de sus concejales que pudiera resultar afectado por un tema de corrupción. Marcaban la diferencia.
Y así, la polémica solicitud de dimisión de la vice alcaldesa se prolongó hasta diciembre de 2019, cuando el pleno aprobó por mayoría la destitución de Ali Brancal de todos sus cargos, que se hizo efectiva en el mes de enero.
Batalla judicial
Otro tema fue la batalla judicial que provocó el ‘Caso de los Sobres’
En su instrucción, el Juzgado tomó declaración a los dos acusados, y a raíz de sus intervenciones, imputó también al que fue el asesor del grupo en 2014, MT.
Los 'sobres de la discordia'
Una de las pruebas más valoradas en el proceso, fue la aceptación como prueba de los sobres devueltos por Correos. Este detalle ha constituido el caballo de batalla de acusación y defensa.
¿Es posible que los 15 sobres que se presentaban como prueba hubieran estado guardados sin intervención externa durante tantos años? Así lo expuso la defensa, además de otros argumentos.
EL PP, por su parte, insistía en que fueran aceptados y se abrieran para poder confirmar que su contenido se correspondía con el de su acusación.
Tras múltiples trámites judiciales y recursos por ambas partes, los sobres se abrieron. Contenían la propaganda y las papeletas electorales que había denunciado el PP. ¿Pero serán aceptados como prueba en el juicio y por el jurado?
El entonces concejal del PP solicitó también otras pruebas de testigos, así como que se ‘buscaran’ unos vídeos que, presuntamente los acusados habrían colgado en redes sociales en mayo de 2014 cuando ensobraban en el despacho municipal de Compromís, y que habrían borrado tras el incidente con Pérez Macián.
El Juzgado de Instrucción archiva el caso
En noviembre de 2019, Fiscalía emitía un informe en el que recomendaba el archivo del caso. Poco después, el Juzgado de Instrucción hacía lo propio y declaraba archivada la causa.
Entendían que, posiblemente si se hubiera podido producir un delito con el envío de propaganda electoral a través del correo municipal, ahora bien, ¿Era posible determinar la autoría de los acusados? El Juzgado, a tenor de la instrucción realizada, determinaba que no.
La Audiencia Provincial reabre el caso
Con eso no acabó el procedimiento judicial, aunque el Juzgado de instrucción rechazó el recurso de la acusación contra el archivo, el querellante elevó su petición a la Audiencia Provincial de Castelló, y fue aquí cuando cambiaron las cosas.
El 12 de junio de 2020 la Audiencia Provincial desautorizaba el archivo del Juzgado de Instrucción. En el auto señalaban que "había indicios racionales de criminalidad para no descartar la participación de los acusados en la comisión de un delito de malversación de caudales públicos" por un importe que no llegaría a los 600 euros (582,12 euros), si se determinaba que todo el envío recogía la propaganda electoral a las elecciones de 2014; y que apenas sobrepasaba los 9 euros, si solo se tomaban como prueba los 15 sobres devueltos por correos.
El Juzgado amplía las diligencias
Con este auto de la Audiencia Provincial, el Juzgado de Instrucción retomó el ‘Caso de los Sobres’ y determinó ampliar las diligencias solicitadas con nuevas testificales, por parte de la acusación y de la defensa. Solicitó a la guardia Civil la recuperación de los videos solicitados por el PP, de los que poco o nada han dicho acusación y defensa posteriormente; e inició los trámites para un juicio con Jurado.
El juzgado solicitó también información al Ayuntamiento de Castelló para que, como probable entidad perjudicada, expusiera los daños de que hubiera sido objeto y pudiera presentarse como parte acusatoria.
En dos ocasiones el Ayuntamiento de Castellón ha rechazado ser conocedor de estos ‘daños’ o participar en el ‘Caso de los Sobres’.
Convocado el Juicio con jurado
El pasado 18 de octubre, se convocaba el juicio con jurado contra Enric Nomdedeu, Ali Brancal y MT por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El primero de los delitos, se habría podido cometer con el presunto envío postal de la propaganda electoral. Un daño a las arcas municipales, que no llega a los 600 o a los 9 euros.
El de falsedad documental se referiría al documento firmado por Enric Nomdedeu sobre el contenido de los sobres, si se llegara a demostrar que, de forma intencionada, falseó su declaración al indicar que se trataba solo del boletín municipal.
La alcaldesa declarará como testigo
Entre los testigos llamados a declarar se encuentra la alcaldesa de Castelló, como máxima representante del Ayuntamiento de Castelló.
Fiscalía y Defensa solicitan la absolución
Tanto la Defensa como la Fiscalía han solicitado la absolución de los tres acusados.
La Fiscalía ha mantenido el informe realizado en noviembre de 2019, en el que no ve indicios suficientes que prueben que los tres acusados pudieran haber participado en el envío de propaganda política a través del correo postal del ayuntamiento.
Por su parte, fuentes de la Defensa insisten, en que no hay pruebas de que los sobres presentados por el PP como acreditación del envío masivo de propaganda electoral en 2014, hubieran sido enviados desde Compromís. Entienden que, si el PP tuvo en su poder ‘esas pruebas’ durante 4 años, lo normal es que las hubiera puesto a disposición de la justicia cuando Correos devolvió la caja.
La Defensa, además, afirma que no hay pruebas de cargo contra los acusados, el Ayuntamiento ha declarado que no ha estimado daño alguno, y no se puede mantener la culpabilidad de sus defendidos solo por el hecho de que formaran parte del grupo municipal de Compromís en 2014.
El juicio del ‘Caso de los Sobres’
El juicio del caso de los sobres comenzará el martes, 11 de enero, con la elección de los miembros del jurado. En esta vista no estarán los acusados ni los testigos, por lo que es de prever, que el ‘efecto telediario’, no comenzará hasta el miércoles, 12 de enero, cuando se inicie la primera sesión, que se celebrará en el Salón de Actos de la Audiencia Provincial y no en la sala del jurado.
Esta disposición se ha tomado como medida de seguridad, dado lo mediático del caso y los comparecientes, tanto acusados como testigos, para poder mantener las distancias ante la pandemia de la Covid.
