Se ha aprobado elaborar una guía explicativa, la figura de un facilitador y la oficina de atención social
Laura Torlà/ Castellón Información
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha reunido esta mañana con el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco con la finalidad de abordar la entrada en vigor de la reforma que afecta a toda el área de discapacidad. En esta junta también han asistido la fiscal jefa de Castellón, María Díaz Berbel, el instituto de medicina legal y la juez encargada del área de discapacidad en Castellón, junto con diferentes magistrados.
“Esta reforma ha supuesto un cambio muy importante, ya que implica la necesidad de que la Administración ponga recursos a disposición de los operadores jurídicos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual”, explica la consellera Gabriela Bravo.
En esta reunión se ha acordado elaborar una guía explicativa, tanto de los procedimientos como los recursos que la ciudadanía va a tener a su disposición para poder acceder a la justicia. Entre estos recursos, según ha explicado la consellera, se encuentra la figura del facilitador, una persona que prevé la ley que va a acompañar y a asistir a cualquier ciudadano con discapacidad intelectual, “para que tenga absoluta comprensión de todo el procedimiento y que no haya ningún tipo de barrera para qué el sepa que está pasando y como se están dilucidando sus derechos”. Otro instrumento que se ha aprobado es el proyecto de lectura fácil, para que cualquier resolución judicial también pueda ser comprendida por personas con discapacidad.
Para activar estos recursos “es de vital importancia” la oficina de atención social. En Castellón está ya creada y, según ha adelantado Bravo, se prevé que para la semana que viene los trabajadores sociales ya ocuparán las plazas. La oficina tendrá un carácter provincial y a través de esta se canalizarán todos los recursos, tanto la fiscalía como juzgados trabajarán en absoluta conexión.
Según la consellera, “la ley ha supuesto un cambio profundo y ahora mismo está generando indefensión a cualquier persona que necesita y no sabe como afrontar estos nuevos procesos, en los que no se necesita en teoría abogado ni procurador”.
Por otra parte, también se ha acordado poner en marcha cursos de formación para los funcionarios de los juzgados y trabajadores sociales, para que tengan la formación necesaria y conozcan tanto los procedimientos como los recursos que pondrán a su disposición. Para ello, según adelanta Bravo, trabajarán también con la Federación de Municipios y Provincias para poner en marcha estos cursos formativos.
