El tripartito llevará pleno la idoneidad del proceso y la oposición se reserva la opción de llevarlo a la justicia
La Comisión de Investigación Municipal que pretendía demostrar si hubo o no irregularidades en la gestión y montaje de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castelló ha culminado su trabajo, pero no a gusto de todos. Las conclusiones del tripartito, que defienden la idoneidad de la gestión son las que llegarán a pleno, al sumar mayoría de votos. PP y CS presentan informes y votos particulares y no concretan si, como amenazaron, llevarán el tema a los tribunales.
Esperanza Molina/ Castellón Información
“No va más”. La Comisión Municipal No Permanente, constituida para analizar si pudieron cometerse o no irregularidades en el procedimiento de gestión de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castelló, ha terminado como empezó. Hay mayorías, pero no consensos.
Al término de esta Comisión, los representantes de los diferentes grupos políticos han agradecido la colaboración de los técnicos municipales (aún cuando no siempre hayan compartido sus manifestaciones).
PSOE, Compromís y Podem: “No hubo irregularidades”
El tripartito (PSOE, Compromís y Podem) ha elevado a definitivas sus conclusiones, con un dictamen en el que aseguran, “que se ha evidenciado el estricto cumplimiento de la normativa en la totalidad de los procedimientos”.
Afirman que fue evidente el deterioro de la sala, anterior a las intervenciones realizadas por el ayuntamiento en 2016, y por tanto, la necesidad de modernizar y adecuar tanto la sala como las cámaras de seguridad para optimizar el trabajo de la Policía Local.
De esta manera, insisten en que tanto las pruebas aportadas como las declaraciones de los testigos han confirmado que todos los procedimientos se ajustaron a la legalidad, e indican: “La gestión analizada del área de Seguridad y el cuerpo de la Policía Local de Castelló durante el periodo 2015-2019 fueron escrupulosamente respetuosas con las exigencias legales de la Administración Pública, tal como se ha podido corroborar de la revisión de los expedientes administrativos estudiadas y de las comparecencias, tanto de los cuadros de dirección de la Policía como del resto de personal funcionarial compareciente, como de las respuestas de los representantes públicos interrogados”.
Comentan, por otra parte, “El objeto del contrato era el equipamiento integral de la sala del Centro de Atención de emergencias del área de Seguridad y Emergencias del ayuntamiento de Castelló, un objetivo que se ha cumplido y que permitirá ir completando la integración plena de los diferentes servicios de las emergencias municipales”.
Sin embargo, el equipo de gobierno no ha eliminado de su dictamen las alusiones a que la oposición municipal “se fundamentan en mentiras intencionadas y manipulaciones”, ni la referencia a que el informe pericial del experto podría estar ‘viciado’.
Con ello, han desatendido la petición formulada por Vicente Vidal en la anterior Comisión, que llegó a amenazar con llevarlos a juicio si no lo retiraban.
Por la mayoría de votos en la Comisión de Investigación, serán estas las conclusiones que se presenten al pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Aún así, la oposición, Ciudadanos y Partido Popular, también llevarán a pleno para debate, sus dos votos particulares que difieren de las conclusiones del tripartido.
El voto particular de PP insiste en que pudo haber prevaricación y malversación
En su voto particular, el Grupo Municipal Popular señala lo siguiente:
“De conformidad con los previsto y preceptuado en el artículo 177 y siguientes y concordantes del reglamento orgánico del Pleno y sus Comisiones del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, Sergio Toledo Llorens, como portavoz del Grupo Municipal Popoular en la Comisión no Permanente de Investigación para analizar diversos procesos de adjudicación de contratos y otros temas relacionados con el servicio de la Policía Local de Castellón, enumera los siguientes puntos para su voto particular del dictamen:
Se externalizó el contrato de redacción del Pliego de prescripciones técnicas, que resultó defectuoso, a una empresa “misteriosa” que nadie conocía y con la que casualmente contactó la única persona que no puede dar su testimonio debido a su desgraciado fallecimiento el año 2020.
Una empresa sin experiencia en este tipo de pliegos, sin actividad según los informes a los que hemos tenido acceso y que descartó las ofertas de otros licitadores para acabar proponiendo la adjudicación de su empresa vecina en San Lorenzo del Escorial.
Tras múltiples peripecias y recursos de otros licitadores, la Sala se recepcionó y se pagó en 2017 y hoy no está unificada y centralizados sus servicios como era el objeto del contrato. Esto es algo que está acreditado por todas las declaraciones de los testigos, incluso las de aquellos que defienden que si bien técnicamente si se ha cumplido el contrato, pero lo cierto es que no hay un funcionamiento unificado como se pretendía.
Si no se cumple el contrato, o hay prevaricación o directamente el Informe de Necesidad que por vía de urgencia precisaba licitar un contrato para unificar tres salas en una, y que firmó el Sr. Lorenzo el 7 de septiembre de 2016, es directamente una falsedad.
Por otra parte, la decisión de dividir la licitación en lotes ha dificultado y perjudicado hasta hacer imposible la correcta ejecución del contrato. No sería aventurado concluir que era más que justificable la no división en lotes y que se decidió lo contrario para beneficiar a la empresa que resulto inicialmente adjudicataria del conjunto de los cuatro lotes, cuando lo que la ley persigue es precisamente lo contrario; es facilitar la concurrencia del mayor número de empresas.
Cuando el día 30 de septiembre de 2017 se produjo el asalto al Ayuntamiento por parte de grupos antisistema proindependentistas, las cámaras que se suponía se habían recepcionado en abril de 2017, no es que no funcionaran; es que no estaban instaladas en los lugares previstos en el Pliego del contrato. Por razones muy poco ortodoxas se ubicaron en otros lugares, dejando el Ayuntamiento desprotegido completamente y provocando un gasto adicional que provocó nuevas contrataciones de suministros.
El precio final de la Sala CIMSE todo hace indicar que está muy por encima del valor real del material suministrado.
Por si fuera poco, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha entrado en dos ocasiones a desestimar el proceso de adjudicación "por fallos graves en el proceso de tramitación administrativa, anulando dicho acuerdo y afirmando que no se había seguido el procedimiento legalmente establecido".
Desde nuestro punto de vista no queda suficientemente acreditada la necesidad de un segundo contrato, así como la conveniencia o no de la separación en Lotes, tratándose del tipo de contrato que era.
Tampoco las dos resoluciones del Tribunal de Recursos Contractuales anulando la adjudicación del Lote 2 del primer concurso y luego anulando la adjudicación del segundo contrato, ayudan a pensar que el procedimiento ha sido el adecuado. Máxime cuando el propio Tribunal advierte de irregularidades en el procedimiento, al que llega a calificar de “procedimiento encubierto y grosero”.
En ambos casos la empresa a quien se le desestimaba la adjudicación era la empresa Eurocop, que a comienzos del presente mandato envió un escrito a todos los grupos políticos con representación municipal alertando que, “la actual empresa adjudicataria no cumple con lo establecido en los Pliegos como ya les hemos puesto en conocimiento a lo largo de todo este tiempo, mediante diferentes escritos dirigidos a la Mesa de Contratación, Ayuntamiento y partidos políticos, escritos a los que se hecho caso omiso a pesar de la existencia de claras evidencias en los mismos señalados”.
Desde el punto de vista del Grupo Municipal Popular la actuación del Equipo de Gobierno de Amparo Marco, ha sido negligente y gravosa para las arcas públicas de los castellonenses, tanto por acción como por omisión.
Las sospechas de actuaciones irregulares nos hacen pensar que solo en instancias judiciales se podría resolver si estamos simplemente ante una acción política negligente o si se ha producido algún tipo de prevaricación y malversación de recursos públicos”.
Ciudadanos: No se cumplió el contrato
Por su parte, el Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado también un voto particular que difiere del expresado por el tripartito:
“De conformidad con lo previsto y preceptuado en el art. 117 siguientes y concordantes del reglamento orgánico del Pleno y sus Comisiones del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Vicente Manuel Vidal Safont como portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en la Comisión no Permanente de Investigación para analizar diversos procesos de adjudicación de contratos y otros temas relacionados con el servicio de la Policía Local de Castellón enumera los siguiente puntos para su voto particular del dictamen:
En primer lugar lamentar el poco talante y voluntad política de los grupos del equipo de Gobierno rechazando la petición de este portavoz, abajo firmante y hayan decidido mantener en sus conclusiones los ataques vertidos hacia la oposición y hacia el informe pericial, que incluso han rechazado para elaborar su voto particular.
Textuales como: "els grups polítics de l'oposició, han tractat d'enfangar la política municiapl amb falsedats i manipulacions i, perjudicar la imatge pública de la Policía Local i deis serveis técnics municipals" o " ... !'informe pericial ha pecat de inexactituds, ... i presempta contaminació política ... no s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar les presents conclusions'.
Unas afirmaciones totalmente infundadas y que merecen una justificación.
Unas conlusiones del equipo de gobierno que no compartimos por sus incongruencias: Primero hablan de que el desarrollo tanto de los testigos como de la pericial demuestran el estricto cumplimiento en la normativa de los procedimientos y más tarde, descalifican la prueba pericial, la cuestionan y por tanto, admiten que no la tienen en cuenta.
Como tampoco tienen en cuenta las testificales de los funcionarios adscritos al cuerpo de Bomberos y Protección Civil. Dos de las áreas que no están integradas en el CIMSE a fecha de hoy y que como sus responsables declararon no tenían constancia ni de la reforma hecha para sus áreas, ni del objeto perseguido, ni de una incorporación "para ir completando la integración plena de los diferentes servicios de las emergencias municipales" como dice textualmente el punto 111.4 de las conclusiones del Fadrell.
Además de todo esto, recordemos que uno de los objetivos no cumplidos, es la centralización en la Sala de todas las cámaras municipales.
Por último, habiendo atendido a las pruebas testificales y pericial practicada en esta Comisión, nos ratificamos en todas nuestras conclusiones que constan en el expediente de su razón y entendemos que el objeto del contrato no· se ha cumplido".
PP y CS se reservan la posibilidad de judicializar el tema
Así las cosas, ni Ciudadanos ni Partido Popular han confirmado sus reiteradas amenazas de entregar toda la documentación recabada a la Fiscalía de Castelló, por si pudieran demostrar que, efectivamente, aparte de la investigación política, si pudiera apuntar indicios de delito. Y también se guardan el derecho de presentar una querella en los tribunales. “Lo están estudiando”.
