El urbanismo de la capital de la Plana volverá a pasar por los tribunales
El nuevo Plan General de Castelló ya tiene 16 denuncias presentadas y admitidas a trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo. Eso significa, que el urbanismo de Castelló volverá a pasar por la decisión de los jueces, una circunstancia que ha generado más de un problema de peso sobre la ciudad. Cabe recordar que el Plan General del 2000 se anuló a raíz de una alegación que se elevó al juzgado.
Esperanza Molina/ Castellón Información
La comisión plenaria del ayuntamiento de Castelló, prevista para el próximo 20 de marzo deberá de ratificar 16 decretos de alcaldía por los cuales la entidad municipal se da por enterada y acuerda personarse como parte frente a 16 recursos contencioso administrativos presentados contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo que aprobó el Plan General Estructural de la capital de la Plana el pasado 17 de diciembre de 2021.
Los recursos han sido presentados por personas físicas y jurídicas e incluso por un ayuntamiento vecino del término municipal al considerar que el Plan General Estructural perjudica sus intereses y no se ajusta a la legalidad.
Entre los recurrentes se encuentra el Ayuntamiento de Borriol. Hay empresas como Pescados Fabregat SA y Pesfasa Patrimonial SL; Activa Estate SL, Somafer SLU, Multiforma Inversiones SL y Pardo Forcadell SL. Pero también acuden a la vía judicial la Agrupación de Interés Urbanístico Gran Vía 10 UE-R y la Asociación de Vecinos San Joan de Riu Sec en Crèmor.
El inicio de la vía judicial plantea muchas incógnitas sobre el nuevo Plan General. No es la primera vez que particulares o empresas recurren un documento urbanístico de estas características, de hecho, ha sido una pauta común sobre los planeamientos de la capital de la Plana.
Ahora bien, el problema es que una vez iniciado el pleito en los juzgados es muy difícil por no decir imposible prever qué puede pasar, ya que siempre cabe la posibilidad de recurrir a una instancia superior.
Este fue, por poner un ejemplo, el caso del Plan General de Castelló que fue anulado en 1982 por ‘un defecto de forma’. En aquel caso, el ayuntamiento de Castelló había aprobado un Plan General ‘por partes’, porque así se lo permitía la ley cuando comenzó a gestarse a finales de la década de 1970. Pero después cambió la ley y el documento urbanístico de Castelló se quedó fuera de ella. El Ayuntamiento, ya gobernado por un alcalde democrático, Antonio Tirado, lo volvió a aprobar en 1984 ajustándolo a todos los requisitos legales de aquel momento. Todas las autorizaciones y gestiones urbanísticas realizadas desde su aprobación hasta 1984 quedaron sin cobertura legal y fueron necesarios años para poder regularizar las consecuencias de aquella anulación.
Ocurrió algo similar con el Plan General del 2000. La modificación urbanística introducida en 2002 para resolver el encaje de bolillos que dio lugar al enterramiento de la vía y al desarrollo de los solares en la superficie, también dio lugar a numerosos recursos. También fue aprobado por todas las administraciones, pero algunos de los recursos incidieron en que no se había expuesto al público tal como ordenaba la nueva ley del suelo…
El recurso pasó de tribunal en tribunal, siempre con el rechazo de las autoridades judiciales. Pero llegó al Supremo y aquí los jueces determinaron que había existido un 'defecto de forma' porque no se había realizado correctamente la exposición pública que exigían las normativas.
A partir de ahí se volvieron a encadenar una serie de sentencias que anulaban aquella ordenación. Los tribunales que, anteriormente lo habían avalado, fallaron en contra. No cuestionaban el contenido del Plan, que no llegaban a analizar, pero si ratificaban al Supremo en el defecto de forma , y no hubo nada que hacer, pese a que todos los juristas consultados por la entidad municipal discrepaban de aquel criterio.
