Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
Esta semana se están dando los últimos pasos del proceso de elaboración de una ley nefasta para los municipios y para los Ayuntamientos. Ayuntamientos que son “la administración más cercana a la ciudadanía”. Por tanto, una ley que hace daño a la ciudadanía.
Con esta Ley, llamada de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, lo que se hace, desde el gobierno de Rajoy, es despojar de competencias al 95% de los Ayuntamientos de nuestro país y abre la puerta a la privatización de los servicios públicos.
Y vuelvo a insistir en esta cuestión porque nos preocupa lo que el PP pretende hacer con la administración que trabaja a pie de calle, en contacto directo con la gente, empapándose de sus problemas y, conociendo el terreno, intentando dar soluciones. Así debe ser si uno ejerce como responsable público, desde la vocación y no desde el interés.
Otra ley más que aprobará el PP en contra de todos y que hace daño a la ciudadanía. No soluciona nada de lo que propugna en la exposición de motivos, ya que esta ley no clarifica competencias, no evita duplicidades, no simplifica la estructura de la administración local y no resuelve, para nada, los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos.
Hace daño a las personas, que van a ser las que más pierdan con esta ley, porque tendrán los servicios más caros, menos eficientes y más alejados.
Hace daño a la autonomía local, reconocida por la propia Constitución.
Hace daño a la vida democrática municipal porque quita a los alcaldes y concejales, elegidos directamente por la ciudadanía, la capacidad de decidir sobre los servicios públicos esenciales y lo deja en mano de las Diputaciones, cuyos diputados provinciales no son elegidos directamente por la ciudadanía.
Una vez más se ve, en el fondo, el interés económico del PP detrás de esta reforma, como en otras, que ya se van destapando los verdaderos objetivos de la derecha cuando privatiza servicios públicos básicos.
Es por ello que el PSOE, defensor del municipalismo como origen y finalidad de la vida democrática del país, ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley del PP; porque no es una ley de la ciudadanía y no defiende los intereses de la ciudadanía.
Otra contrarreforma más impulsada por el PP. Y una vez más, con intereses ¿ocultos? que perjudican a la gente y a sus derechos; y que atacan la democracia en nuestro país.
