Salomé Pradas y Fernando de Rosa desgranan las propuestas del Partido Popular contra las mafias organizadas, un problema al alza en Castellón
El Partido Popular organizó ayer tarde, en el Real Casino Antiguo de Castellón, una charla -coloquio, a la que asistieron un centenar de personas, para dar a conocer a los castellonenses su Plan de medidas contra la ‘okupación’ ilegal de viviendas porque “nunca un delito puede producir un derecho”, defienden. Los conferenciantes fueron los senadores y juristas Salomé Pardas y Fernando de Rosa, quien en su extenso currículum destaca por haber ostentado, entre otros altos cargos, la vicepresidencia del Consejo General del Poder Judicial.
La presidenta del PP de la ciudad de Castellón, Begoña Carrasco, ejerció de moderadora recordando que la ‘okupación’ ilegal de viviendas “es un problema de primera magnitud en la ciudad de Castellón”. “En lo que va de año las denuncias en la provincia de Castellón por este delito ya duplican a las de todo el año 2021 y no es solo un problema de los propietarios, sino de los vecinos de toda una comunidad, como ocurre en el PAU Lledó, con mafias organizadas, o en el Raval Universitari, en la calle Dean Martí, la calle Borriol o Marqués de Salamanca”, señala.
Frente a este problema “que mantiene al gobierno municipal de brazos cruzados hemos propuesto incrementar las plantillas de la Policía Local y de Policía Nacional y hemos pedido la puesta en marcha de una oficina ‘antiokupas’, como tiene el Ayuntamiento de Madrid, desde donde informar de los trámites jurídicos y acompañar a los afectados. Y también hemos iniciado una recogida de firmas en defensa de los derechos de los propietarios y demás afectados para agilizar los procesos y que los desalojos sean en 24 horas. Hay medidas que se pueden adoptar desde el ámbito municipal, como por ejemplo impedir a los ‘okupas’ empadronarse en viviendas que no son de su propiedad”, insiste Carrasco.
La senadora por Castellón Salomé Pradas ha recordado que las cifras del Ministerio del Interior hablan por sí solas de la gravedad del problema. En los últimos cinco años la ‘okupación’ ilegal de viviendas se ha disparado un 63% en toda España; en la Comunidad Valenciana se ha incrementado un 26% situando a la autonomía en la tercera posición del ranking nacional con más casos, solo por detrás de Cataluña y Madrid.
“No puede ser que se tarde entre uno y dos años para desalojar a los ‘okupas’, hoy por hoy tienen más derechos que los propietarios. No podemos permitir que alguien que delinque, adquiera derechos. El derecho a la propiedad privada está reconocido en la Constitución y el Gobierno de Sánchez debería estar salvaguardando este derecho y no lo hace. La última Ley que aprobó Mariano Rajoy antes de la moción de censura fue precisamente sobre okupación. Fue una primera fase para agilizar en los procesos judiciales el desalojo de los ‘okupas’, y desde entonces no se ha hecho nada más”, lamenta Pradas.
Fernando de Rosa ha insistido en que “nunca un delito puede producir un derecho que le proporciona una ventaja sobre los demás, como pasa con la ‘okupación’ ilegal de viviendas”. “Cada media hora se produce una okupación en España, es la estadística más dura. En nuestro país hay un problema de vulneración de derechos. Hemos de pasar del problema a las soluciones,el Partido Popular ha redactado una proposición de ley para que los ciudadanos tengan claro lo que hará el PP cuando gobierne Alberto Núñez Feijóo”.
Y añade: “El problema de la ‘okupación’ ilegal es un problema delictivo, no social. Un problema social ha de tratarse con los mecanismos que tienen habilitados los Ayuntamientos, a través del cobro de impuestos, para que se cumpla el fin social de ayudar a los vulnerables, pero en ningún caso una propiedad privada de un particular puede ser utilizada por la administración para solucionar su ineficacia”.
Las soluciones al problema de la ‘okupación ilegal que plantea el Partido Popular son:
- - Desalojo de los ‘okupas’ en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento.
- - Desalojo inmediato en caso de flagrante delito.
- - Reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel.
- - Mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias.
- - Considerar nula la inscripción de un ‘okupa’ ilegal en el padrón municipal.
- - Prohibir que un inmueble ‘okupado’ tenga la consideración de morada o domicilio.
- - Legitimar a las comunidades de propietarios para que puedan denunciar.
- - Reforzar los recursos a disposición de las Fuerzas de Seguridad y Tribunales.
