La petición requiere también a la Conselleria de Bienestar Social que abra un procedimiento de negociación con las entidades y organizaciones sociales que atienden a las personas mayores, dependientes y discapacitadas para consensuar la aplicación del copago en los centros y servicios de bienestar social en la Comunitat.
El PSPV de Castelló va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para exigir a la Generalitat Valenciana la paralización inmediata de la aplicación del copago en residencias, el decreto 113/2013, y proceder a su posterior derogación. Así lo ha anunciado la secretaria de Bienestar Social de la Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE de Castelló, Rosa Marco, quien ha explicado que “la petición requiere también a la Conselleria de Bienestar Social que abra un procedimiento de negociación con las entidades y organizaciones sociales que atienden a las personas mayores, dependientes y discapacitadas para consensuar la aplicación del copago en los centros y servicios de bienestar social en la Comunitat Valenciana”.
Marco ha indicado que las personas mayores, dependientes y discapacitadas de la provincia de Castelló han recibido en estos días una resolución de la Conselleria de Bienestar Social mediante la cual se les informa de la cuantía que van a tener que pagar, desde el día 1 de enero de 2014, si quieren seguir siendo usuarios, como hasta el momento, de los centros y servicios de Bienestar Social, como son las residencias, centros de día, talleres ocupacionales o pisos tutelados, en conformidad con lo que se establece en el Decreto 113/2013 de 2 de agosto del Consell. El decreto establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales. Al respecto, Marco ha señalado que “este decreto aprobado por el Gobierno Valenciano, se ha adelantado incluso, a la implantación del copago por parte del Gobierno Central, y ha establecido unas condiciones económicas durísimas, inasumibles en algunos casos para las personas mayores, dependientes y discapacitadas usuarias de estos centros y servicios”.
Por otra parte, la dirigente socialista ha apuntado que “en las resoluciones enviadas por la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social de Castelló, consta que los beneficiarios de los centros y servicios participaran en su coste en función de su nivel de renta y de acuerdo a unas fórmulas matemáticas establecidas en la normativa”. “Además, -continúa Marco- se establece que el beneficiario deberá realizar 12 aportaciones de carácter ordinario y otras dos de carácter extraordinario en los meses de junio y noviembre coincidiendo con las pagas extra.
Cada cuota a abonar representa cerca del 90% de lo que reciben cada mes de sus pensiones, razón por lo cual, las personas mayores, dependientes y discapacitadas se quedan solo con entre 100 y 200 euros en su bolsillo para sus gastos personales como son: pago de medicamentos, productos de aseo, vestimenta, transporte, peluquería, podología, productos ortoprotésicos u ocio”. “En los casos más dramáticos, la norma que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero, contempla también la posibilidad de abrir un procedimiento de deuda para quien, con una pensión baja, no pueda hacer frente a las cuotas y sean sus herederos quienes carguen con la deuda”, critica la socialista.
Finalmente, la secretaria de Bienestar Social ha asegurado que “la aplicación de este nuevo copago a las personas mayores, dependientes y discapacitadas ha provocado indignación entre los afectados, además de una gran confusión”. “Cientos de estas personas ya han presentado ante la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social de Castellón los recursos de alzada en contra de una iniciativa que consideran ilegal e injusta y que en algunos casos, les obligara incluso a abandonar sus centros por no poder pagarlos”, concluye Marco.
