El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Morella presenta esta noche una moción para exigir a la Conselleria de Bienestar Social la paralización inmediata del decreto 113/2013 y proceder a su derogación. Éste entró en vigor el pasado 1 de enero de 2014 y provoca un incremento considerable de cuotas para los usuarios de las residencias y centros de dependientes.
La concejala de Bienestar Social del consistorio morellano, Malú Blasco, afirma que “la Generalitat Valenciana de Alberto Fabra se ha avanzado a la aplicación del copago del Gobierno Central y ha establecido unas condiciones económicas durísimas e inasumibles en muchos casos para las personas mayores dependientes usuarias de los centros residenciales”. Además, añade que “en estos momentos de crisis, las administraciones deberían estar al lado de los más débiles y, sin embargo, la Generalitat Valenciana está abandonando a los dependientes y provocando situaciones dramáticas”. La concejala recuerda que con la entrada en vigor de este decreto, los usuarios de la residencia pasarán a pagar 14 cuotas en vez de 12, de forma que se incrementa más del 16% la cantidad a abonar, y que muchos mayores se quedarán con escasos recursos, en muchos casos menos de cien euros mensuales, para sus gastos personales, como pueden ser el pago de medicamentos, productos ortopédicos, higiene personal, vestuario, etcétera.
Además, en los casos más graves en los que un usuario no pueda pagar las cuotas, el decreto también contempla la posibilidad de abrir un procedimiento de deuda mediante el cual serían sus herederos los que cargaran con los pagos y, muchos de ellos, pueden verse obligados a abandonar sus centros. Por ello, Blasco exige que “se paralice inmediatamente la aplicación de este decreto, que se derogue y que se inicie un diálogo y negociación con las entidades y organizaciones sociales que atienden a las personas mayores dependientes para consensuar la aplicación del copago”.
La concejala de Bienestar Social señala que esta medida “ha provocado una gran indignación entre los afectados, además de una gran confusión, y ya se están presentando recursos contra esta injusta e ilegal norma”. Blasco también ha defendido la ley de la dependencia y concluía que “llevamos muchos años de desgobierno en estos temas, con impagos y retrasos en valoraciones y aplicación de la ley, y lo que debería hacer la Generalitat es blindar los servicios sociales y potenciar el cuarto pilar del estado del bienestar, para que nuestros mayores tengan una vida digna y una atención profesionalizada en los centros especializados”.
