José Vicente Ramón Moreno.
Andamos, en estas fechas, deshojando la margarita con el SÍ y el NO alternativos del famoso copago a los discapacitados y, como siempre, todas las opiniones tienen su parte de razón y su parte equivocada, sobre todo las que buscan un interés político que debería quedar aparte del realmente válido, que es el interés de los afectados, de sus familiares y de los ciudadanos en general.
Cierto es que educación, sanidad y bienestar son las partidas de mayor presupuesto para los gobiernos, pero no es menos cierto que también son las que deberían sufrir menos recortes porque son las generan una mayor justicia social.
En épocas como las que estamos viviendo son más prescindibles o ajustables algunos gastos de actos suntuosos, los sueldos de “sus señorías”, refundir plantillas duplicadas en ciertos servicios por diferentes estamentos o la cobertura de desfases bancarios que deberían ser atendidos por fondos de las propias entidades o por sus mandatarios.
Por el contrario, asfixiar a los discapacitados hasta tal punto que, después de realizado el copago, no les quede ni para tomar un café a la semana y hacerse un cigarrito (si aún no han conseguido abandonar su uso) es una forma de aniquilar su calidad de vida y denigrar a estas personas. La calidad de vida no se mide solamente por la asistencia recibida sino por muchos otros factores que colaboran a que la felicidad de las personas sea mayor o menor.
Bien es verdad que luego, estudiado caso a caso, podemos encontrar algunos que se pueden permitir, perfectamente, pagarse una asistencia. Por ello, para que la justicia social sea la más adecuada, deberían ser estudiados todos los casos uno a uno considerando todos los factores correspondientes a cada individuo y cobrando más a los que puedan permitírselo por sus ingresos laborales o rentas y no ahogando a los que no pueden realizar el copago tal y como se está planteando.
También habría que reflexionar sobre los centros concertados que, por situarse en buena posición frente a la administración para renovar los convenios, presionan a sus residentes para que acepten el copago que quiere establecer la administración.
No deshojemos la margarita y busquemos la solución más justa para todos los estamentos sin que salgan perjudicados siempre los mismos.
