La asociación para la defensa de la vida (Provida) de Castellón ha denunciado que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana les han comunicado que deben abandonar “desde ya” el inmueble que ocupan en la capital de La Plana, ubicado en la calle Santo Tomás. Con esta medida, según explica la vicepresidenta de Provida en Castellón, Eva Vilarroig, “se expulsa a más de 300 mujeres de extrema vulnerabilidad de Castellón, que tienen hijos menores y familiares a su cargo y que atendemos unos 40 voluntarios”.
La vicepresidenta de la asociación ha explicado que “con fecha de 25 de enero de 2023 hemos recibido un escrito de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la que se nos indica la resolución de revocación de ocupación temporal del inmueble, ubicado en la calle Santo Tomás”. Una vez recibido el comunicado, desde la entidad se han puesto en contacto con la dirección general de la Mujer para que reconsideren “su pretensión de expulsarnos del centro y hasta la fecha, todavía estamos esperando”. Según ha destacado Vilarroig, desde la Conselleria les han comunicado que deben abandonar la sede porque van a ubicar allí un centro para víctimas de violencia de género. Pero, para la responsable de Provida, “desde la asociación estamos realizando una labor para Castellón, desde hace 35 años, para ayudar a las mujeres más vulnerables, por eso no entendemos que ‘desvistan un santo para vestir otro”. Y ello sin ofrecer ninguna opción para ir a otro local, según ha lamentado.
Desde Provida defienden que el 100% de las mujeres que ayudan se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y semanalmente realizan reparto de alimentos. Al año se reparten más de 35 toneladas de alimentos, tales como galletas, leche, arroz, pasta, legumbres y alimentación infantil, entre otros. Y es en el local que tienen en la calle Santo Tomás de Castelló donde almacenan, clasifican y distribuyen los alimentos a estas mujeres.
También señalan que el 83% de las mujeres que ayudan vienen derivadas de los servicios sociales públicos, sin empleo, ni vivienda en propiedad, ni posibilidad de acceso a una vivienda digna. El 67% de estas mujeres proceden países como Sudamérica, África, Rumanía y países árabes, entre otros. Por ello, defienden que “ayudamos a todo tipo de mujeres, con independencia de su credo religioso, orientación sexual o nacionalidad”. Por ello, entienden que ”es un grave error dejar a estas mujeres con hijos menores y familiares a su cargo desatendidas, en total desprotección y sin la ayuda indispensable para cubrir sus necesidades básicas como alimentos, vestido o vivienda”.
