La entidad provincial también ha aprobado la incorporación de 14,2 millones de euros en remanentes para apoyar a los pueblos de los incendios y consolidar el Fondo de Cooperación Municipal
La Diputación de Castellón ha aprobado hoy en pleno una moción conjunta de los grupos Socialista y Compromís en la que se insta al Gobierno de España a paralizar y no admitir el proyecto de la megaplanta en las comarcas de Castellón denominado ‘MAGDA’. El documento explica que tiene unas dimensiones desproporcionadas y que la distancia entre las plantas previstas resulta excesiva. El texto incluye que este proyecto conlleva importantes afecciones medioambientales sobre el territorio, así como ineficacia energética por pérdidas de tensión.
También solicita que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico colabore con la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos para desarrollar un plan de energías renovables descentralizado y en red, que fomente el autoconsumo.
El texto ha contado con los votos favorables de todos los partidos representados en el pleno. El equipo de gobierno ha aceptado una enmienda del Grupo Popular en la que se insta a la Diputación a poner a disposición de los municipios afectados los servicios técnicos y jurídicos de la institución si se considerara conveniente. El equipo de Gobierno también se compromete, a petición del PP, a crear en un plazo de 15 días el grupo de trabajo con representantes de todas las administraciones implicadas.
“Estaremos vigilantes para que en esta ocasión la Diputación cumpla su palabra, no como ha hecho en el último año”, ha subrayado la presidenta provincial del Partido Popular, Marta Barrachina.
La líder popular asegura que “el objetivo es paralizar la MAGDA y en el PP no pararemos hasta conseguirlo, aunque ello nos obligue a recurrir a la Justicia”.
Por su parte, Santi Pérez, portavoz del PSPV en la Diputación de Castellón explica que en su momento la entidad provincial dijo “rotundamente no” a la realización del proyecto MAGDA, y asegura que no se llevaron a cabo más acciones porque desde la Diputación consideraban que con los informes negativos de Transición Ecológica sería suficiente para paralizar este proyecto.
“MAGDA ha generado un rechazo generalizado manifestado por los municipios directamente afectados y por el conjunto de la sociedad del territorio, al considerar que es incompatible con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico”.
El pleno también ha aprobado dos modificaciones de crédito para la incorporación de remanentes a sus presupuestos de #MésCastelló por valor de 14,2 millones de euros, elevando las cuentas públicas del presente ejercicio hasta una cifra récord de 202,4 millones de euros. El presidente de la Diputación de Castelló, José Martí, ha explicado que se trata de “dos operaciones importantísimas que permiten cumplir los compromisos de aprobar ayudas extraordinarias para los 13 municipios afectados por los incendios forestales del pasado verano, además de ampliar la cifra destinada al Fondo de Cooperación Municipal hasta situarla en 15 millones de euros”.
De esta forma, explica el presidente Martí, “para Costur, Figueroles, Llucena, Les Useres, Bejís, Teresa, Altura, Viver, Jérica, Torás, Sacañet, Barracas y El Toro destinamos 300.000 euros extra que se suman a todo lo que ya hemos hecho desde que se declaró el incendio”. Martí añade: “Dijimos que íbamos a estar al lado de los ayuntamientos y es obvio que hemos cumplido, porque como muy bien saben las alcaldesas y los alcaldes, llevamos trabajando por sus pueblos desde que se declaró el incendio, con una labor de limpieza y acondicionamiento de caminos que es de vital importancia para las personas que residen en el territorio”.
El diputado provincial de Hacienda, Santiago Agustí, ha lamentado que no hayan tenido el respaldo del Partido Popular, a cuyo portavoz, Salvador Aguilella, ha reprochado que sea capaz de “hablar de todo y de nada a la vez”, puesto que los populares han propuesto que se destinen 5.565.000 euros a distintas inversiones, “sin incluir ni un solo céntimo para los fondos de despoblación ni para ayudar a los pueblos afectados por los incendios”. Agustí también ha reivindicado la “excelente gestión económica del equipo económico de Martí, el más inversor de la historia, que acabará el mandato con déficit cero”.
Por su parte, Ignasi Garcia, portavoz de Compromís, ha defendido que con esta incorporación de remanentes, “en el gobierno de la Diputación consolidamos las políticas que hemos desarrollado durante esta legislatura, una partida muy importante de 9 millones de euros justamente para incrementar el Fondo de Cooperación Municipal”. “Somos el gobierno que más recursos ha dado a los municipios, el que demuestra una apuesta clara por los criterios de sostenibilidad, que no se estaban desarrollando todavía en esta institución hasta que hemos llegamos nosotros”.
Por otro lado, el pleno ha aprobado una declaración institucional para reivindicar los objetivos de la lucha feminista en el marco de las celebraciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una propuesta impulsada por el equipo de gobierno en la que se aborda la necesidad de continuar trabajando para que la igualdad entre mujeres y hombres sea efectiva y real, mediante la adopción de medidas que solucionen los problemas que afectan a la mitad de la población española.
Por último, se ha desestimado la moción presentada por el Grupo Popular para luchar contra la ocupación ilegal. Con los votos a favor de PP y Ciudadanos, y con el grupo socialista y Compromís en contra, la moción se ha desestimado con el ‘voto de calidad’, en contra, del presidente de la entidad provincial. Tanto Cristina Fernández, portavoz de Ciudadanos, como la portavoz adjunta del PP, María Ángeles Pallarés, defendían que las leyes actuales protegen más a los ocupantes que a los propietarios. “Hay que respetar el derecho a una vivienda digna, pero no violando el derecho a la propiedad privada”, declaraba Fernández.
Por su parte, la portavoz del PSPV en Castellón, Ruth Sanz, ha señalado que la ocupación de viviendas “no se combate tratando a las personas ocupantes como delincuentes, sino a través de políticas sociales, aprobando la subida del salario mínimo, y luchando contra las mafias que controlan esta problemática, entre otras formas”.
