Juan Fuster. Presidente de la Comisión de Transparencia y Participación del Partido Popular de la provincia de Castellón.
En el BOE del pasado 10 de diciembre de 2013 se publicó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de las Administraciones Públicas; una ley que nace con el objetivo -como narra su primer artículo- “de ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables políticos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”.
Esta normativa es un paso más para ejercer un control sobre las administraciones, entidades, organismos públicos, fundaciones, entidades participadas y sobre todas las personas que, en las mismas, gestionan recursos públicos y toman decisiones de interés general.
Esta nueva ley supone un paso más, sí, pero no es definitiva en sí misma y no es la solución a todos los males. Es necesario buscar el concepto de transparencia e interpretarlo mas allá de de su exigencia legal, entendiéndolo como un comportamiento estrechamente ligado a la ejemplaridad.
Resulta muy sencillo llenarse la boca con la palabra transparencia, pero hay que ponerla en práctica y no debe permitirse que algunos la utilicen para tapar sus vergüenzas. En este sentido, las personas que gestionan recursos públicos deben asumir el compromiso, por iniciativa propia y más allá de lo que indiquen las leyes, de poner toda la información a disposición de los ciudadanos, para que estos dispongan de la misma para juzgar, sin que sirva de excusa la protección de datos de los mismos.
Sólo de esta manera los ciudadanos no confundirán lo particular de lo público y sólo de esta forma se podrá -siendo ejemplares en la aplicación del concepto de transparencia- reforzar la honestidad de los cargos públicos.
Nada tiene que perder un político honesto por proporcionar más información, sobre todo teniendo en cuenta que somos el espejo en el que deben reflejarse los ciudadanos con nuestras actuaciones y, por esta razón, debemos denunciar cualquier comportamiento que sea sospechoso de mala práctica.
Debemos ser capaces de volver a conseguir que la ciudadanía confíe en los políticos y gestores públicos, cosa que nunca debimos dejar perder y, de este modo, intentar que los ciudadanos colaboren activamente en la vida pública con toda la información y que no sirva el argumento de la falta de transparencia para alimentar el bajo nivel de participación e interés de los ciudadanos en relación a la política.
