Los socialistas de Castellón presentan una declaración institucional al pleno.
La portavoz socialista de Castellón, Amparo Marco, reclama al Gobierno central que dé marcha atrás en su intento de privatizar los registros civiles. “Los intentos del Partido Popular de hacer negocio privado con la Administración son un ataque inaceptable al Estado del bienestar y los socialistas vamos a hacer todo lo posible para evitarlo”, afirma. El grupo socialista ha presentado una declaración institucional con ese objetivo, que será debatida el lunes en la Junta de Portavoces previa al pleno.
Los socialistas de Castellón consideran que el anuncio de la atribución del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles supone “la privatización de un servicio público esencial y gratuito que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que ahora se quiere dar a los amigos de Rajoy para favorecer a los registradores, porque con el estallido de la burbuja inmobiliaria han visto mermados sus ingresos”.
De seguir adelante esta Ley del Registro Civil, dejará de ser un servicio público y pasará a ser el negocio privado de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, que será sufragado por los aranceles que deberán pagar todos los ciudadanos por sus servicios, muchos de ellos relativos al ejercicio de derechos fundamentales como el de contraer matrimonio o adquirir una nacionalidad, sin rebaja alguna de los impuestos.
Por ello, los socialistas reclaman la retirada o modificación de dicha Ley y que los Registros Civiles sigan siendo un servicio público servido por personal de la Administración de Justicia. “Los ciudadanos debemos impedir otra reforma sin sentido del Gobierno central que no va dirigida a mejorar el bienestar público, sino a engrosar los bolsillos de unas personas determinadas”, indica Marco.
Los registradores son funcionarios del Estado, pero su régimen público y sus retribuciones (más de 10 veces superior a las de cualquier médico, juez, fiscal o abogado del Estado) difieren completamente de los del resto de personal de la función pública. Las ganancias que obtienen de las funciones públicas que ejercen son sufragadas por los aranceles que pagan los ciudadanos cuando acuden a sus servicios, lo que convierte su función en un negocio particular; y su personal no es funcionario público ni ha sido seleccionado en proceso público alguno.
