Santiago Beltrán. Abogado.
Hoy en día se habla con mucha propiedad y suficiencia del derecho de algunos ciudadanos o colectivos a decidir sobre cuestiones fundamentales, tales como la vida y la pertenencia territorial, por poner solo dos ejemplos, de los más comentados y discutidos. Lo llamativo de la cuestión es que estos grupos y personas, se arrogan esa prerrogativa con carácter exclusivo y excluyente, cuando en juego y afectados por esa decisión unilateral se encuentran los derechos de otros, a los que se excluye e ignora absolutamente. Me refiero, claro está, a la polémica sobre el aborto y la independencia de Cataluña.
Los actores en estos asuntos, algunas mujeres en el aborto (no todas ellas e ignoro si la mayoría del género) y algunos catalanes en el referéndum de independencia (no todos ellos y dudo que sean la mayoría), creen que su derecho, a hacer lo que quieran con su cuerpo y a separarse de España, según el caso, es omnímodo e intangible. Mantienen que no hay más legitimidad que la suya para opinar y tomar decisiones al respecto, aunque con ello ignoren, 'ninguneen' y anulen el derecho de otros afectados de forma unilateral. Es, según estas gentes, un derecho absoluto, natural e indisociable de la propia condición humana femenina, en el aborto, y del pueblo o nación, en el separatismo catalán. Ni los hombres (género masculino) ni el concebido no nacido, conservan derecho alguno en la cuestión abortiva, ni los catalanes no separatistas ni el resto de españoles en la celebración del plebiscito de independencia.
Los motivos para ostentar estos derechos de superioridad moral se resumen, para las partidarias del aborto por plazos, en el eslogan libertario 'nosotras parimos, nosotras decidimos'. Claro está que se refieren únicamente a la decisión de interrumpir o no la gestación, por tanto al momento anterior al nacimiento del que hasta entonces ha sido un feto, y no al resto de la vida del nacido, que al segundo de nacer ya cuenta con protección legal y es sujeto de derechos, y donde el padre, ahora sí, ya puede empezar a tomar decisiones y asumir obligaciones, a partes iguales con la madre.
Las razones independistas están basadas en motivos económicos fundamentalmente (‘España nos roba’), y en el cuento de las mil y noches de la existencia milenaria de una nación y un territorio, que solo muy recientemente ha tenido conciencia de pueblo y ha conformado un territorio indiscutido, gracias sobre todo, a las constituciones liberales que los españoles han podido y querido darse en los dos últimos siglos. Nada de lo que ahora se atribuyen como propio y diferenciado del resto tendría ninguna virtualidad sin las prerrogativas concedidas por el Estado, y las leyes emanadas del Parlamento español, con todos los paréntesis temporales que se quieran. Ahora, sin embargo, ya no cuenta el derecho de aquellos catalanes que no sienten desarraigo alguno con el resto del Estado, y a los que además se les obliga a manifestar su pertenencia y voluntad natural aunque no quieran, o se les tilda de anti catalanes por no desear expresar en una urna lo que manifiestan todos los días en sus quehaceres diarios. Y por supuesto nada vale lo que opinen los de fuera de la ‘cueva’ , aquellos otros españoles, catalanes o no, que no quieren perder una parte importante de lo que consideran como suyo.
En ambos casos, el derecho a decidir unilateralmente choca frontalmente con la obligación de respetar los derechos del resto, y si en un Estado de Derecho no somos capaces de asumir que los demás tienen tanto derecho a tomar decisiones sobre lo que consideramos personal e intransferible, es que no queremos una democracia, sino imponer la dictadura de nuestros intereses.
