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El portavoz de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha garantizado que todas las contrataciones hechas por la institución provincial para mejorar las instalaciones que la Guardia Civil tiene en la provincia cumplen absolutamente toda la legalidad. Tanto es así que ha anunciado que “todos los expedientes de contratación han estado, están y estarán a disposición pública, para que no haya ninguna duda”.
Así ha reaccionado ante las dudas que ha querido sembrar el PSPV ante un procedimiento que se ha seguido de forma escrupulosa y en el que todas las obras han sido menores, al no superar los 50.000 euros más iva, por lo que el procedimiento administrativo establecido para estos casos es el de adjudicación directa.
En total, a propuesta de la Guardia Civil, la Diputación de Castellón adjudicó en 2013 obras en nueve cuarteles de la provincia, cuyo coste osciló entre los 1.000 y los 40.000 euros. En total, se invirtieron 140.000 euros en obras para mejorar la seguridad y las condiciones en las que los agentes de la Guardia Civil prestan su servicio en la provincia.
Barrachina ha explicado que “hay que ser muy retorcido para que entre los cientos de contratos que anualmente celebra la Diputación de Castellón con empresas, perseguir a aquellas que en alguna ocasión han participado en alguna candidatura del PP y juzgándolos solo por sus ideas, como hace Colomer, y no por el buen trabajo que han realizado. Juzgar por las ideas y no por el trabajo de los empresarios de Castellón, sean de derechas o de izquierdas, es persecución política. A la Diputación le preocupa solo la gestión y no pedimos el carnet de los empresarios, autónomos o trabajadores que prestan los servicios, sino la calidad de ese servicio”.
Persecución política
“Se trata de persecución política cuando alguien, por haber formado parte de una candidatura de un partido hace 15 años, tiene que dejar de trabajar en su provincia”, ha denunciado Barrachina. El portavoz de la Diputación ha recordado que en cada legislatura se presentan alrededor de 1.500 candidatos por el PP en toda la provincia. Así, en la últimas cinco legislaturas se habrán presentado unos 7.500 candidatos para representar al PP, “y si lo multiplicamos por padres, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, nietos y demás, a los que añadimos los 15.000 militantes que tiene el PP en la provincia, estaríamos estigmatizando a decenas de miles de personas que tienen el mismo derecho a trabajar que todos”.
Las obras se han realizado en los cuarteles de Benicàssim (16.000€), Atzeneta (7.000€), Burriana (40.000€), Castellón (9.000€), Grao de Castellón (13.500€), Almassora (15.000€), Albocàsser (11.100 euros), Moncofa (1.000€) y la Vall d’Uixó (1.200€), por lo que se trata en todos los casos de obras menores. “Y el trabajo ha sido realizado en todos los casos de forma sobresaliente”, a juicio tanto de la Guardia Civil como de la Diputación.
Junta de portavoces
Estas declaraciones venían con motivo de las declaraciones del secretario general provincial del PSPV-PSOE y portavoz socialista en la Diputación de Castelló, Francesc Colomer, ha solicitado esta misma mañana en la Institución Provincial, la convocatoria de una junta de portavoces para que el presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, explique las adjudicaciones de las obras para conservación y reparación de los cuarteles de la Guardia Civil en 2013, en virtud del convenio que la diputación firma con la Dirección General de la Guardia Civil, ya que se evidencia que las obras están asignadas a empresas ligadas al Partido Popular. Para Colomer, “no se puede permitir que este proceso se convierta en una trampa para favorecer a los ‘amigos’ y para hacer posible que empresas vinculadas a personas que han formado parte de candidaturas del PP en distintos municipios de la provincia se beneficien de esta contratación”. En este sentido, Colomer ha insistido en que “aquí están en juego valores tan fundamentales para la convivencia democrática y para la dignidad de las instituciones públicas como son la igualdad de oportunidades, la seguridad jurídica, el mérito, la objetividad y la transparencia”.
De igual modo, Colomer ha afirmado que “con estas adjudicaciones no se atienden a criterios territoriales, ni se ajustan a la situación de crisis actual porque no se entiende cómo para llevar a cabo las obras del cuartel de Burriana se encargue una empresa de Segorbe”. Por ello, el portavoz socialista pide a Moliner que “ahora que acaba de anunciar el mismo programa para el 2014, la diputación debe extremar el ‘celo’ y hacer una interpretación correcta de la Constitución y del ordenamiento jurídico”. Asimismo, el portavoz socialista ha insistido en que “aunque probablemente sea un procedimiento negociado sin publicidad, no es de recibo que todos los beneficiarios sean empresas con vinculación a candidaturas del PP”, al tiempo que ha señalado que “además resulta llamativo que todas estas empresas reciben una cantidad similar que ronda los 40.000 euros”.
