Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
El ministro Gallardón lleva ya cuatro reformas parciales de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la vía de urgencia; vía que o bien elude o bien dificulta el normal trámite legislativo. Vía de urgencia que debería utilizarse de manera extraordinaria pero que este gobierno la utiliza con “demasiada normalidad”.
Primero reguló la suspensión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial para, seguidamente, abordar la formación y los aspectos “laborales” de los jueces. Luego subordinó el Consejo General del Poder Judicial y sus competencias y recientemente liquidó la jurisdicción universal.
Parece que lo que pretende con el Anteproyecto que ha presentado es hacer una Ley Orgánica del Poder Judicial a la medida del PP.
Estamos ante un anteproyecto que no garantiza ni la independencia judicial, ni el juez ordinario predeterminado por la Ley.
Se trata de una propuesta legislativa en la que no quedan claramente garantizados ni la inamovilidad de los jueces y, en consecuencia, su independencia, ni el derecho constitucional al juez natural (la garantía de que a uno le juzgará el juez que le toca por la ley, y no un juez o tribunal elegido “ad hoc”.
Nos presenta Gallardón un Anteproyecto que limita la libertad de expresión, ya que sólo permite una única voz, la del CGPJ, que previamente ha configurado a su medida. Limita la libertad de expresión de las asociaciones judiciales, único cauce de los jueces para expresar su parecer, ya que siempre han tenido la prohibición de opinar. Con esta medida se privará a la sociedad del criterio de los jueces en asuntos relevantes, lo que dificultará una correcta formación de la opinión pública.
Se pretende reforzar el papel del Tribunal Supremo, cuya composición puede ser controlada por la política de nombramientos y la forma de los mismos.
Y lo más grave, a mi parecer, y que ha denunciado la Asociación Jueces para la Democracia, es que se plantea una estructura judicial “militarizada” y se edifica, con esta reforma Gallardón, un sistema donde crecerán las influencias de los órganos vinculados al poder político, ya que, según la propuesta del PP, el presidente de un tribunal de instancia puede decidir qué juez instruye un asunto y cuál no.
No parece que se esté garantizando la independencia judicial ni los principios constitucionales en relación a la aplicación de la justicia. Más bien, todo lo contrario.
Aquellos que se llenan la boca con la Constitución, deberían leérsela bien y ser coherentes en sus planteamientos. Porque, con planteamientos como el que están haciendo en estos momentos en relación al Poder Judicial, podemos pensar que hacen de la Constitución también, un uso partidista. Y eso supone una deslealtad con nuestra democracia.
