El tribunal reconoce que la diputada fue inexacta e incorrecta en sus declaraciones, pero no aprecia delito en la crítica política.
El TSJ ha desestimado la querella interpuesta por el representante de la empresa Saerco, adjudicataria de la torre de control del Aeropuerto de Castellón, contra la diputada de Izquierda unida Marina Albiol. El Tribunal entiende que las manifestaciones de la diputada fueron inexactas e incorrectas, pero no encuentra que sean objeto de delito.
Esperanza Molina/Castellón Información
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana ha desestimado la querella por injurias, con publicidad, interpuesta por el representante de Saerco (Servicios Aeronáuticos, Control, y Navegación SL), Ildefonso de Miguel Rodríguez, adjudicatario de uno de los contratos del Aeropuerto de Castellón, por las manifestaciones realizadas por la diputada de Izquierda Unida, Marina Albiol.
Concretamente, las manifestaciones a las que se refería el responsable de Saerco fueron realizadas por Marina Albiol los días 11 y 12 de noviembre con motivo de la contratación de la prestación del tráfico aéreo de la torre de control del Aeropuerto de Castellón a la empresa Servicios Aeronáuticos, Control, y Navegación SL, por un importe de 3,6 millones de euros “en un aeropuerto que todavía no funciona y que no se sabe bien cuando estará en marcha, con un empresario muy vinculado al PP de Madrid que tuvo que dimitir de la presidencia del Canal de Isabel II por irregularidades”.
Marina Albiol indicó entre sus declaraciones, que “Saerco fue creada precisamente dos meses después de verse obligado a dimitir de la presidencia del Canal de Isabel II y era prácticamente desconocida en el mundo aeroportuario, recordando que el empresario vinculado al PP también fue objeto de espionaje y de dossiers en la Comunidad de Madrid”.
Estas manifestaciones fueron publicitadas a través de las redes sociales por Twitter y recogidas por los medios de comunicación.
En su querella, el responsable de Saerco, indica que muchas de estas afirmaciones no son veraces, los datos son incorrectos, y les atribuye intención de hacer daño, por la forma en la que se refiere a la empresa, a sus trabajos anteriores o a su relación con el PP y Carlos Fabra.
Concretamente la querella indica que “D. Ildefonso de Miguel Rodríguez no ha sido Presidente de Entidad Pública Empresarial Canal de Isabel II, sino Director Gerente de la dicha entidad Pública Empresarial adscrita a la Comunidad de Madrid, cargo para el que fue nombrado a propuesta de la Comunidad de Madrid, cesando en el mismo por renuncia del mismo que fue aceptada por el Consejo de Administración del Ente Público Empresarial, con agradecimiento de los servicios prestados y efectos del 29 de julio de 2009, sin que mediara irregularidad alguna”.
Por otra parte, la querella manifiesta que, en contra de las afirmaciones de Marina Albiol que “Saerco S.L. se constituyó el 23 de abril de 2010, es decir 9 meses después de la renuncia de D. Ildefonso de Miguel Rodríguez al cargo de Director Gerente de la Entidad Publica Empresarial Canal de Isabel II, entidad adscrita a la Comunidad de Madrid, es la primera empresa privada española y una de las primeras de Europa creada para prestar tales servicios, por lo que es total y sobradamente conocida en el sector aeronáutico español, habiendo concurrido a licitaciones de AENA para la adjudicación de los servicios de control de aeródromo en varios aeropuertos, resultando adjudicaría de tres aeropuertos canarios”.
El Tribunal Superior de Justicia que ha estudiado la querella, ha admitido que Ildefonso de Miguel Rodríguez tiene razón en numerosos aspectos, ya que muchas de las manifestaciones de la diputada son incorrectas. “Aun cuando en el relato de hechos del escrito de querella formulado considera que en las manifestaciones vertidas por la querellada se contienen expresiones gravemente injuriosas y calumniosas para Saerco S.L. y D. Ildefonso de Miguel Rodríguez…”. Pero, indica también, que atendiendo al contexto en que se producen no son constitutivas de delito.
El tribunal entiende, que la diputada está en su papel en cuanto a que hace crítica política de un proyecto del que afirma “dicho aeropuerto es un “agujero negro de dinero público”. Que aunque es incorrecta en los datos, su intención no es injuriar a la empresa, sino hacer crítica política.
Por todo ello, se desestima la querella.
