El PP elevará el Congreso la primera ley antiokupación en la que propone modificar el marco legal para que los ayuntamientos y propietarios puedan actuar
El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha presentado este lunes junto a la senadora del PP por Castellón, Susana Marqués, la ley antiokupación aprobada en el Senado que supone la tramitación de la primera ‘Ley Feijóo’. Una propuesta que los populares elevarán al Congreso y que, con la previsión del voto en contra del PSOE, podría ser aprobada con las abstenciones de Junts y el grupo parlamentario vasco.
En la actualidad, la provincia de Castellón cuenta con un total de 500 viviendas ocupadas de manera ilegal, lo que se traduce en 300 nuevas ocupaciones al año, y los propietarios tardan una media de dos años en poder recuperar su casa. La nueva ley busca “ayudar a los castellonenses con un problema al cual el gobierno de Sánchez no ha dado solución, sino todo lo contrario”, han manifestado.
Y es que, según han revelado, las denuncias por ocupaciones han aumentado un 37% convirtiéndose en “un problema real en el que intervienen verdaderas mafias que se lucran, mientras Sánchez mira hacia otro lado”.
“Gran parte de los propietarios son gente trabajadora que con sus ahorros ha conseguido poder adquirir una vivienda y a través de mafias se les ha ocupado”. Debido a la actual legislación, “la recuperación de su propiedad no es inmediata y se alarga en el tiempo”, insisten.
Es por ello que los populares buscan con la esta nueva medida modificar el marco legal para atajar esta problemática para la cual los ayuntamientos no tienen a su alcance herramientas para actuar, tan solo pueden ofrecer asesoramiento, “pero sin arma legal para combatir estas ocupaciones”.
Se trata de la primera ley antiokupación “para proteger la propiedad privada” que propone el endurecimiento de las penas por la ocupación ilegal así como para aquellos que fomenten este tipo de acciones, el desalojo exprés en 24 horas y el impedimento del empadronamiento en las viviendas okupadas.
La medida “demuestra que existe una alternativa política seria y responsable que da solución a los problemas reales”. “Las comunidades de vecinos y propietarios están indefensos y no pueden actuar contra los actuales procedimientos judiciales, pero con esta ley podrán hacerlo y tomar medidas preventivas”, han avanzado.
“A un okupa se le desaloja, a un vulnerable se le protege”
Marques ha subrayado que “algunos se empeñan a disfrazar la okupación, que nada tiene que ver con la pobreza. El derecho a una vivienda no es okupar la de los demás. Esto tiene que ver con la delincuencia organizada. A un okupa se le desaoja y a un vulnerable se le protege, y algunos partidos no ven la diferencia”.
Con todo, la senadora por Castellón ha explicado que “somos conscientes de que hay muchas personas con problemas de acceso a una vivienda” y ha recordado que con el PSOE, “que justifica la ocupación ilegal, el precio del alquiler se ha incrementado un 40%”. En este sentido, Marqués ha instado a los socialistas a “no usar a las personas que no pueden acceder a la vivienda para votar en contra de esta ley”.
