Aseguran que el edil socialista, Adrián Sorribes, acusa al equipo de gobierno de “abandonar a los trabajadores” en la externalización de servicios.
Castellón Información
El concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Nules, Adrián Sorribes, ha instado públicamente al equipo de gobierno a realizar contratos irregulares, a pesar de conocer la legalidad y saber que, por indicativo del Gobierno de España, los ayuntamientos no pueden crear nuevas plazas públicas, ni pueden encadenar contratos de laborales temporales, detallando que determinados servicios deben pasarse al capítulo de gastos con la contratación de empresas o autónomos.
Esta afirmación de Sorribes ha sido calificada como “temeraria” por parte del alcalde de la localidad, Mario García, que asegura que “quien conoce el funcionamiento de la administración pública no puede obviar la legalidad sólo por vender un mensaje político concreto. Cuanto menos es una evidente irresponsabilidad”. Adrián Sorribes, que no es el portavoz del grupo municipal socialista, criticó hace unos días la externalización de algunos servicios, asegurando que el equipo de gobierno “abandonaba” a los trabajadores.
El alcalde ha insistido en que por imperativo legal “no se pueden renovar los contratos de laborales temporales y de hacerlo cometeríamos una irregularidad que, como alcalde de Nules, no estoy dispuesto a asumir”. De hecho, García señala que “es curioso que este edil haga campaña con esta decisión, para que después su portavoz en el pleno pregunte por los reparos de Intervención respecto de algunos contratos realizados hasta el momento, cuando la respuesta la tienen ellos mismos”.
Para Mario García la realidad es mucho más sencilla y fácil de entender, si no se intenta “instrumentalizar la información con un objetivo claramente político”. La prioridad principal del equipo de gobierno es “que los servicios sigan prestándose como hasta ahora, de manera que este problema administrativo no repercuta en los ciudadanos y la solución que se ha buscado ha sido la más ventajosa para todas las partes”.
De este modo, en el caso concreto de la piscina municipal, pero también como ha pasado en otros casos, como la contratación de algunas trabajadoras del servicio de limpieza de edificios públicos o de la brigada municipal, se ha optado por la contratación de pequeñas empresas “a las que se les ha indicado que debían negociar con los trabajadores que prestaban este servicio hasta el momento para proceder a su contratación, aunque el Ayuntamiento nada puede hacer si, a nivel particular, algunos de los afectados no quieren aceptar los nuevos contratos y renuncian”.
Según García, “en algunos casos, como para los monitores de piscina, se les han ofrecido 1.155 euros mensuales por 35 horas semanales, lo que consideramos que no es menoscabar sus derechos en absoluto”. Desde el equipo de gobierno se insiste en que “en ningún momento se ha abandonado a los trabajadores, más bien al contrario, llevamos trabajando sobre este tema meses, pero al final el servicio a los ciudadanos debe prestarse y no estábamos dispuestos a incurrir en ninguna irregularidad”.
