La pesadilla de 'los vecinos legales' se concentra en el edificio de la calle Joaquín García. Viviendas de Protección Oficial dejadas de la mano de la GVA
Los vecinos ‘legales’ del edificio de Joaquín García, en el Raval Universitari, viven una auténtica pesadilla a la que nadie pone solución. Son viviendas de la Generalitat, donde los ‘okupas’ han tomado el mando. Revientan puertas, revenden los derechos sobre las viviendas, utilizan el parking como taller de reparaciones, enganchan ilegalmente el agua y la luz, ensucian, rompen y no hay quien les plante cara.
La Generalitat Valenciana tiene un inmueble de Viviendas de Protección Oficial, en el Raval Universitari. Una zona de lujo en la ciudad, con un parque a sus espaldas para el esparcimiento de los vecinos.
Cuando les concedieron la vivienda, en régimen de alquiler social, muchos vecinos pensaron que les había tocado la lotería. Demasiado bueno para ser perfecto. Porque no lo es...
Es deber de las administraciones ayudar a los ciudadanos a encontrar una vivienda digna y, para ello, disponer de una bolsa de viviendas sociales con un alquiler asequible. Pero también es una obligación cuidar de lo que se tiene: esas viviendas de protección oficial; amparar a esos vecinos legales con los que se ha suscrito un acuerdo de co-responsabilidad; y velar por el cumplimiento de la ley y de la norma…
Pero las cosas no suelen ser así. Y como ha sucedido con anterioridad en otras zonas de viviendas sociales de Castellón, también en este inmueble se han generado el caos y las ‘okupaciones’ ilegales.
De nada sirve que la administración invierta millones en viviendas de última generación para los vecinos más vulnerables, si luego no se ocupa de que se cumplan las normas y estos edificios no se conviertan en centros controlados por mafias que actúan a su antojo y donde se trapichea con todo tipo de sustancias.
No es un problema nuevo, pero se repite continuamente en cada uno de los núcleos habilitados por Ayuntamiento y Generalitat.
Y así ha vuelto a suceder en este edificio de la calle Joaquín García. Y el procedimiento es casi siempre el mismo. La institución construye el inmueble (o lo rehabilita). Luego, a través de Servicios Sociales procede a seleccionar los destinatarios de esas viviendas en función de requisitos y necesidades.
‘Los elegidos’ de las 18 viviendas legales están obligados a cumplir con las obligaciones básicas: pago de un alquiler social, mantenimiento comunitario de los servicios y cumplimiento de las normas de convivencia.
Pero de forma paralela hay ‘mafias organizadas’ con sus propios intereses. Se escudan en la necesidad pública de vivienda para ‘reventar’ las puertas de algunas de las viviendas y tomar posesión de ellas, de forma fraudulenta. No pagan nada, no han firmado contrato, no ayudan al mantenimiento de la comunidad y se saltan a la torera cualquier norma de convivencia. Pero, además, enganchan ilegalmente a los servicios de agua o luz que pagan el resto de los vecinos, en su propio beneficio, destrozan mobiliario público e imponen su propia ley. 12 de las viviendas están habitadas por Okupas.
Ojo, no todos los que okupan ilegalmente lo hacen para vivir bajo techo porque no tienen otras alternativas… eso incluso podría llegar a ser…
No, esto es un negocio; las viviendas y sus derechos de ocupación ilegal se revenden ilegalmente… La bola se hace cada vez más grande; empiezan los trapicheos de sustancias en algunos pisos, gente de todo tipo trasiega por el edificio, el miedo y la inseguridad imperan por doquier, salir de casa es una amenaza, y cuidado con protestar, “porque a lo mejor te rajan”.
Las basuras se acumulan en los espacios comunes, inutilizable. La suciedad se esparce por pasillos y rellanos. Proliferan las cucarachas, las ratas que corren a su antojo atraídas por los residuos. Y algunos montan fiestas dentro de casa sin respetar el descanso ni los horarios del resto de la comunidad.
La GVA instaló una garita de vigilancia de seguridad, arrasada y sin servicio. Cámaras de seguridad continuamente destrozadas que no sirven para nada. Daños en los buzones, las escaleras, las luminarias, las puertas del parking, de la finca, con las cerraduras rotas y abiertas de par en par. Y Para rozar lo increíble, se ha montado hasta un taller de reparaciones en el aparcamiento de todos los vecinos… donde, por cierto, indican los vecinos, no se ‘arreglan’ vehículos pequeños de trabajo, sino automóviles de grandes marcas… ¿Preparados para su reventa?
La Lotería se ha convertido en un infierno. En este momento, además, hay 10 viviendas que ya fueron recuperadas, con puerta ‘anti okupación’, vacías. Los vecinos ‘legales’ piden a la Generalitat que les de respuestas, que ponga soluciones, que haga frente al caos. Los que están de forma legal reclaman sus derechos. Piden, además, que conceda esas viviendas a familias que hayan demostrado que pueden vivir en comunidad. Que se adopten medidas para acabar con la inseguridad, con las ocupaciones y con el miedo…
Tal como comenta una de las vecinas, cuando le concedieron la vivienda, dependían del Prop de la Generalitat. Luego los remitieron a Valencia, al Evha, Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl. Y ahora pasan la pelota al ayuntamiento.
Tal como publicó Radio Castellón el pasado 14 de este mes, los vecinos han realizado hasta tres protestas formales, pero nadie les da solución. “El último paso de los vecinos ha sido aunar fuerzas con algunas asociaciones vecinales, como la del Raval Universitari y de la Cuadra Borriolenc, mediante la recogida de firmas. El Ayuntamiento de Castellón se ha reunido esta semana con los vecinos, que han pedido su intervención para terminar con las ocupaciones y las malas condiciones en las que se encuentra el edificio”.
Tal como comenta un lector, no es lo mismo La 'Vivienda de Protección Oficial', la de 'Protección Pública' o las 'Viviendas sociales', nombre con el que coloquialmente se generalizan todas las operaciones aunque no sea lo mismo.
Pero lo cierto, es que Castellón no ha resuelto bien aquello que se refiere a su Parque Social de Vivienda.
En la actualidad hay núcleos de viviendas sociales que han vivido o atraviesan situaciones parecidas. El más significativo fue el grupo de San Lorenzo, construido hace cerca de 40 años para dar soluciones habitacionales y acabar con los asentamientos ilegales en el término municipal.
En su origen, eran viviendas 'sociales', sí, pero que se concedían a personas y familias con pocos recursos a cambio de que pagaran un 'alquiler', por poco que fuera, y con la obligación de asumir el mantenimiento de aquella comunidad.
En aquel caso, como publicó Castellón Diario en 1988, y recogió después Castellón Información la situación era la misma pero llevada hasta el extremo, con carta desesperada al Rey Juan Carlos I: “En 1988, representantes de la Asociación de Vecinos denunciaron a Castellón Diario, que vivían con miedo y bajo amenazas. Algunas viviendas habían sido revendidas ilegalmente por los adjudicatarios del IVVSA. Otras, ocupadas por asalto. Algunos vecinos denunciaron la situación y se quejaron de que la Administración no les hacía caso. Por lo que llegaron a escribir una carta al Rey que se fue respondida por La Zarzuela el 1 de marzo de 1988. “Cumpliendo las órdenes recibidas de Su Majestad el Rey, con esta fecha y número 3558 se ha dado traslado a su escrito al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, para que el Departamento u Organismo correspondiente estudie la solución, de que, en Justicia, proceda”.
En el núcleo social de San lorenzo se producen intervenciones periódicas para hacer frente a viviendas ilegalmente ocupadas, recuperar inmuebles sociales y potenciar la convivencia ciudadana.
Ocupaciones y problemas se produjeron también en las viviendas municipales de la calle Huesca, en la manzana del Castalia. Inicialmente también se crearon para dar soluciones habitacionales con alquileres reducidos... y en otros núcleos de viviendas municipales en el término de Castellón.
El conflicto siempre suele ser el mismo. Son viviendas con usos regulados… Pero la falta de control genera situaciones extremas.
La recuperación de las viviendas no suele ser fácil ni rápida, sobre todo cuando hay menores. Son procesos largos, con intervención judicial. Y una vez restaurada la vivienda, a veces vuelven a ser ocupadas.
Otro de los puntos más significativos, en la capital de la Plana, fueron las 'viviendas sociales' de la calle Santa Cruz de Tenerife, también del IVVSA. También se crearon para familias y personas con pocos recursos, y también los inquilinos estaban obligados a pagar un pequeño alquiler y mantener el edificio. En aquel caso, después de todo tipo de denuncias con los inmuebles destrozados, fueron desalojados en los comienzos de la década del 2000. En la actualidad la Conselleria ha afrontado un proyecto de rehabilitación con tecnologías muy avanzadas, para volver a convertirlas en viviendas sociales, que avisa, se concederán a gente joven.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón visitaba recientemente las obras que darán lugar a la disposición de 42 viviendas sociales. Generalitat y Ayuntamiento también trabajan para la creación de nuevas viviendas de Protección Pública en la zona de Sensal. Dicho de otra manera, no son 'viviendas sociales' porque se regulará cómo y quien accede a las mismas, y se quiere que sean familias o gente joven...
¿Serán capaces de controlar el uso de esas viviendas por los vecinos que realmente son merecedores de esta oportunidad y capaces de mantener una convivencia vecinal en comunidad?
