"Las sentencias deben ser percibidas como justas por la sociedad", defiende el Ministerio Público.
Castellón Información
Este martes el fiscal del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado han pedido un aumento de la pena de Carlos Fabra, expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, con referencia a la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión por cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública al haber estafado más de 693.000 euros entre 1999 y 2003. De este modo, reclaman que el alto tribunal le imponga 8 años de cárcel en el llamado 'Caso Naranjax'.
El motivo de esta petición, según el representante del Ministerio Fiscal, se debe a que la condena debe modificarse por la aplicación indebida por la Audiencia Provincial de Castellón de la atenuante de dilaciones indebidas. Así, considera que la conducta procesal de Fabra, interponiedo numerosos recursos, no debería beneficiarle. Además, los más de 7 años que duró la tramitación de esta causa están justificados dada la complejidad de la misma.
En este caso, el fiscal pide que, en vez vez de un año por cada uno de los delitos fiscales, se le impongan dos años por cada una de estas conductas, teniendo en cuenta que cada cuota defraudada superó el millón de euros que no han sido devueltos.
La defensa de Carlos Fabra
Javier Boix, el abogado de Fabra, ha solicitado la libre absolución del acusado, negando además que la presentación de los recursos, que no llegaron a 20, tuvieran como objetivo retrasar el procedimiento de su defendido. Por otro lado, el letrado alega que los hechos estaban prescritos cuando fueron juzgados.
La Sala que revisa esta causa está presidida por Joaquín Giménez y conformada también por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Luciano Varela, quien será el ponente de la sentencia que dicte el Supremo.
Carlos Fabra se sentó en el banquillo en octubre de 2013 por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal tras una instrucción de un caso que se prolongó durante diez años y pasó por las manos de nueve jueces distintos. Finalmente, fue condenado en noviembre del año pasado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, al pago de una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar al fisco con la misma cantidad. La Fiscalía pidió en este juicio que fuera condenado a 13 años de prisión y pagara una multa de 1,98 millones de euros.
