Los magistrados respaldan al juez instructor y rechazan las alegaciones del fiscal y acusaciones particulares contra la exoneración
Los magistrados de la Sala de lo Penal sección 4, han respaldado por unanimidad la decisión del juez instructor de la pieza separada nº 10 de la Operación Púnica. Una decisión por la que dictaba el sobreseimiento provisional de la investigación contra cuarenta personas, acusadas de haber participado en la Operación Púnica. Entre esos 40 investigados se encontraban el ex alcalde Alfonso Bataller, el ex concejal Juan José Pérez Macián, y dos personas contratadas para el gabinete de la alcaldía y la comunicación municipal durante ese mandato.
La Operación Púnica
La Operación Púnica investigaba una trama orquestada por una serie de empresas, entre la que se encontraban Madiva y EICO, para la mejora de imagen y reputación de personajes públicos y cargos políticos de diferentes ayuntamientos, pagada con fondos públicos entre 2011 y 2014.
Una de las piezas separadas de esta trama es la que afectaba a los ayuntamientos de: Castelló, consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de Valdemoro, Ayuntamiento de Majadahonda, Ayuntamiento de Alcobendas, Ayuntamiento de Gandía y Ayuntamiento de Denia.
La forma de operar de aquella trama se centraba sobre la actuación de las empresas investigadas, cuyo fin era realizar un estudio sobre los ayuntamientos u organismos públicos cuyos responsables políticos podrían necesitar una ‘mejora de imagen’. A partir de ahí se iniciaban los contactos, unas veces ‘casuales’ y otras concertados, y les ofrecían sus servicios para generar estrategias que mejoraran su imagen pública, con la mirada puesta en las elecciones de 2015.
Las estrategias pasaban por generar material periodístico en una red de medios propios, en redes sociales y medios digitales, que realzaran la bondad y el éxito de estas personas en su gestión. Y para financiar esas campañas costosísimas en precio, se articulaban herramientas que las camuflaban como servicios municipales, de forma que fueran sufragadas por los fondos públicos.
Bataller: Un 'hueso duro de roer'
En lo que concierne a Castellón, el ayuntamiento se encontró metido de lleno, sin comerlo ni beberlo, cuando algunas de las empresas investigadas contactaron con el alcalde y concejales para ofrecerle algunas de estas ‘mejoras’ de reputación.
Todo esto se produjo tras el archivo de la imputación de Bataller en el caso Gürtell, cucando se demostró que no había tenido nada que ver con la trama. Fue entonces cuando las empresas investigadas contactaron con él para ofrecerle ‘una mejora de imagen’
Lo cierto es que, según la investigación a la que tuvo acceso Castellón Información, el alcalde popular, Alfonso Bataller fue un ‘hueso duro de roer’. Después de múltiples, contactos, propuestas de las que Bataller casi siempre desconfió; solo pudieron llegar a un principio de acuerdo por el que se le ofrecía la publicación de ‘noticias positivas’ de la gestión de la ciudad, que se pagarían como una campaña de publicidad. El estudio de la reputación del alcalde sería costeado por el partido.
Sin embargo, tras la experiencia con el tema Gürtell, Bataller apenas ‘picó el anzuelo’. Cuando además se destapó la trama con la investigación desarrollada por la UCO, se paralizó cualquier trato y contrato con estas empresas. Las publicidades no llegaron a pagarse y el estudio de reputación, tampoco.
Con aquella información, el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional que investigaba la pieza separada nº10 de la trama, declaró investigados a Alfonso Bataller, su lugarteniente Juan José Pérez Macián, la jefa del Gabinete y la periodista que llevaba la comunicación.
Sobreseimiento y recursos
En diciembre de 2023 el Juzgado de Instrucción no tenía ni un solo documento que certificara los indicios de delito por los que se había cursado el procedimiento de investigación. El juez determinó entonces el sobreseimiento provisional de la causa y la exoneración de los 40 investigados.
Pero la decisión del Juzgado de instrucción no fue del agrado de la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y del Partido Socialista Obrero Español. La Fiscalía y ambas entidades presentaron un recurso en contra del sobreseimiento.
Las razones que amparaban aquel recurso se basaban en que no se habían recogido todas las pruebas posibles; que había indicios suficientes para determinar la comisión de un posible delito. O, en todo caso, que podría ser conveniente mantener la acusación hasta que se celebrara el Juicio Oral, por si surgían nuevas pruebas documentales.
Confirmación Audiencia Nacional
En cualquier caso, todos ellos coincidieron en afirmar que el Juez de instrucción no había fundamentado adecuadamente su decisión.
El recurso fue analizado por tres de los magistrados de la Audiencia Nacional. El fallo votado por unanimidad rechazaba estos recursos y confirmaba el sobreseimiento llevado a cabo por el Juez de instrucción.
La decisión se votó el pasado 4 de junio y fue notificada a las partes personadas, a las que se hizo saber que no cabe interponer recurso ordinario alguno.
