Hace apenas unos días hemos visto cómo los dos grandes grupos políticos de este país alcanzaban un principio de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder judicial más de cinco años después y decenas de intentos fallidos, la dimisión del que fuera su presidente por considerar “insostenible” la situación y mantener un mandato caduco sus actuales miembros.
Recordemos que se trata del órgano constitucional que se encarga, entre otras funciones, del nombramiento de magistrados para el Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Pero todo esto ¿en qué nos atañe?, ¿cómo puede afectarnos en nuestro día a día? De todo esto hablamos con el abogado de Castellón Alfredo García-Petit Barrachina de la firma García-Petit Abogados
Pregunta: ¿Cómo definiría el principio de acuerdo este pasado 25 de junio en Bruselas por parte del PP y PSOE?
Respuesta: Es un avance necesario, imprescindible diría yo.
El Poder Judicial no puede ser una anomalía democrática en un estado de derecho como el nuestro, que suponía que el Órgano de Gobiernos de los jueces estaba formado por cargos con sus nombramientos caducados durante años por un enfrentamiento de naturaleza estrictamente política.
P: ¿Considera que se ha avanzado en el camino correcto?
R: Sin duda, la renovación de los cargos del gobierno del Poder Judicial era una necesidad inaplazable.
P: En su opinión, ¿Por qué han tardado tanto en ponerse de acuerdo los dos grandes bloques políticos de nuestro país en este tema?
R: Por una mala interpretación del poder que supone el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, quizá más de cara a la galería política que a la realidad del ejercicio de los cargos de los designados.
Quiero decir que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, desarrollan muchas funciones que están ausentes de contenido político, De hecho diría que casi la mayoría de ellas lo están, o lo deberían estar, por lo que el supuesto color o afiliación de los designados creo que condiciona mucho menos sus decisiones de lo que los partidos políticos creen o pretenden hacer creer a la sociedad.
Con ello lo único que consiguen es proyectar la lucha política al tercer poder del Estado cuál es el Poder Judicial.
P: Y el ciudadano de a pie, ¿En qué va a ver afectado su día a día? ¿Cómo le influye lo que se está decidiendo en un futuro cercano?
R: Al ciudadano de a pie en general entiendo que le afectará poco más allá de la impresión de normalidad que supone que el Poder Judicial este regido por cargos con su nombramiento adecuadamente en vigor, así como un ejemplo de la capacidad de los políticos de llegar a acuerdos en temas de Estado.
A los ciudadanos y al resto de operadores jurídicos que nos relacionamos con el Poder Judicial, quizás sí que tenga una influencia más directa en cuanto pueda agilizar la toma de determinadas decisiones por parte del órgano de Gobierno de los jueces que quizás estuvieran dilatando o posponiendo puesto que éste se encontraba en una situación de interinidad.
No olvidemos que del Consejo General del Poder Judicial depende el nombramiento de determinados puestos dentro de la carrera judicial así como la implementación de medidas para la agilización de los procedimientos judiciales, siendo el encargado de reclamar al resto de poderes del Estado que se adopten los medios necesarios para que la justicia sea suficientemente ágil como la Constitución exige.
