La Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo alerta que puede agravar los problemas de productividad y de falta de capital humano que ya tiene la economía
La Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, se ha mostrado “muy preocupada” por las consecuencias que una reducción de la jornada laboral como la que plantea el Ministerio de Trabajo puede tener sobre las empresas valencianas.
Nuria Montes ha mantenido una reunión con los representantes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Castellón, tras la que ha alertado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que una medida así, sin el consenso y la participación de los empresarios y agentes sociales "puede agravar muy seriamente los problemas de productividad y de falta de capital humano que ya tiene la economía española y valenciana”. En este sentido, la consellera ha puesto el ejemplo de la industria azulejera, “un sector que trabaja por turnos las 24 horas del día y 365 días al año, y que con una medida así puede sufrir consecuencias tremendamente graves no sólo por el coste económico sino por la dificultad para encontrar mano de obra cualificada”.
La CEV cifra en 6% el incremento de producción
Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha asegurado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tiene hecho un estudio que estima que la reducción de la jornada laboral que plantea el Gobierno español supondría un incremento del 6,5 % de los costes de producción. Ha apelado a la responsabilidad del Gobierno porque en años anteriores se ha demostrado que el diálogo social ha sacado a este país de situaciones muy complicadas, durante los inicios de la democracia "pedimos que el Gobierno mantenga una negociación abierta con los sindicatos, la Administración y la patronal que en ocasiones hemos demostrado lealtad a las decisiones que son necesarias".
Navarro también ha destacado que "este país tiene un problema de productividad histórico y con esta medida se va a agravar porque en el caso de Castelló afectará a sectores industriales y al sector servicios, y va a convertir un problema real que puede darse en una situación compleja al no reunirse con los agentes sociales".
