La entidad provincial abre su oferta de gestión a los 127 municipios con menos de 20.000 habitantes para facilitar su gestión
La aplicación de la nueva tasa de basura, recogida en una directiva europea y aprobada por el Gobierno de España en 2022, lleva de cabeza a todos los ayuntamientos. Muchos de ellos han recurrido, desesperados a la Diputación Provincial porque carecen de recursos para implantarla antes del 1 de enero de 2025. La institución provincial destinará 3,2 millones de euros a los tres contratos que darán cobertura a 59 municipios frente a los 40 que había hasta el momento y que suponían 1,4 millones de euros. Pero ya ha recibido 17 solicitudes más que supondrán un nuevo esfuerzo.
La presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, ha explicado esta mañana cómo va a afectar la nueva tasa de basuras que deberá implantarse en todos los municipios, sí o sí, el próximo 1 de enero de 2025.
Una tasa que responde a una directiva europea con un horizonte de hasta 2035; pero también a una Ley Estatal aprobada por el Gobierno de España el ocho de abril de 2022, que la adelanta a 2025. La imposición de la tasa es tan complicada de aplicar, que lleva de cabeza a todos los alcaldes de España, entre ellos los de la provincia.
A saber, la Ley obliga a los ayuntamientos a implantar una tasa de basura que deberá ajustarse a una ordenanza fiscal. Los ayuntamientos deberán ‘calcular’ cuanta basura producen, cuanta de ella se separa o se recicla y, finalmente, qué cantidad acaba en el vertedero de rechazo. Sobre ese cálculo, deberán ‘cobrar’ a sus vecinos el coste real que genera el tratamiento de sus residuos y lo que se entierra en los vertederos. Todo ello deberá aplicarse el uno de enero de 2025.
Pero, más allá de todo eso, obligará a modificar todo el sistema actual de recogida de basura para la instalación de contenedores inteligentes. Los recipientes deberán estar preparados para pesar la basura que se deposita, identificar a quien lo hace, y diferenciar quien lo hace de forma correcta y quien no. Paralelamente, también habrá que utilizar vehículos de transporte preparados, lo que afectará a los contratos suscritos hasta ahora…
Por otra parte, la nueva metodología puede traducirse en la creación de 'islas' para los residuos en puntos estratégicos para su recogida. Lo que quiere decir, que aquello de tener el contenedor cerca de casa puede tener los días contados.
Y todo ello acompañado de una subida de impuestos.
La provincia de Castellón cuenta con 135 municipios, pero la gran mayoría de ellos tienen una población inferior a los 20.000 habitantes, y abundan muchos con menos de 5.000 habitantes ¿Cuántos municipios de la provincia son capaces de hacer todo esto para que se pueda aplicar el próximo uno de enero?
La Diputación Provincial, como ayuntamiento de ayuntamientos, dispone de medios personales y económicos para poder asumir muchas de las funciones que los pequeños ayuntamientos no pueden realizar por sí mismos. Para ello solo se necesita que el ayuntamiento lo convenie con la entidad provincial y oficialice ‘la encomienda’.
Este sistema ya se aplica en muchos casos en los que la Diputación actúa de recaudadora de impuestos, colabora en la redacción de proyectos o busca alternativas para los servicios municipales.
Pero lo que ha ocurrido con la tasa de basuras no tiene precedentes. 59 municipios solicitaron ya la ayuda de la Diputación durante los últimos meses y 17 más están a punto de hacerlo, y están gobernados por diferentes ideologías.
Barrachina: La Dpiutación de Castellón plantará cara y ayudará a sus ayuntamientos"
Tal como ha explicado Marta Barrachina, “La Diputación Provincial de Castellón plantará cara a la nueva tasa de residuos impuesta por el Gobierno e incrementará un 127% el presupuesto para asumir la gestión administrativa de este tributo en 59 municipios” (y los que quedan por oficializar).
Barrachina, ha explicado que, para el próximo ejercicio, la institución provincial va a destinar 3,2 millones de euros para la licitación de los tres contratos que darán cobertura a 59 municipios, frente a los 40 que había hasta el momento y que suponía un gasto de 1,4 millones.
Y es que, hasta el momento, la Diputación contaba con una encomienda de gestión compuesta por 3 contratos destinados a gestionar los residuos de 40 municipios. Estos tres contratos agrupaban a municipios de: Alto Mijares (6 municipios), Alto Palacia (28 municipios) y Ports – Alt Maestrat (25 municipios). A partir de ahora serán 59 los municipios que gestionará la institución provincial, es decir, se produce un aumento del 47,5%, lo que supone una inversión de 3.225.000 euros (un 127% más).
Visto el problema, Marta Barrachina ha afirmado: “vamos a ayudarles a gestionar sus residuos para reforzar los municipios y mejorar sus servicios”.
Diputación abre el servicio a los 127 municipios de menos de 20.000 habitantes
Aunque la Diputación siempre ha tenido un compromiso directo con los municipios de menos de 5.000 habitantes, en este caso, y, a tenor de la desesperación, atenderá también la encomienda de gestión para que puedan adherirse los municipios de menos de 20.000 habitantes. “Con esta nueva medida, ya son 17 los municipios que han formalizado su solicitud y en un futuro se sumarían a los 59 municipios actuales, hasta llegar a un total de 76.
Este sistema podría permitir que 127 de los 135 municipios de la provincia puedan llegar a adherirse a la encomienda de gestión. “Esta ampliación nos permite fortalecer nuestra red de apoyo y responder de manera más efectiva a los desafíos a los que se enfrentan estos municipios”.
Durante su comparecencia, Marta Barrachina ha mostrado su rechazo hacia “esta tasa que afectará a los 135 municipios y más de 600.000 vecinos de la provincia”.
¿El ‘tasazo’ viene de Europa o ha sido impuesto por el Gobierno Central?
En contra de lo que declaraban los alcaldes socialistas liderados por el secretario general del PSOE, Samuel Falomir, de que se trata de una ordenanza europea de obligado cumplimiento, desde el PP la culpa recae directamente en el Gobierno español y la gestión de su presidente.
Preguntada por esta discrepancia de criterios Marta Barrachina comentaba:
“Para comprender la magnitud del problema, es fundamental comenzar desde el principio”. Y es que, desde el PP afirman taxativamente: que es “una medida recomendada por la Unión Europea pero presentada como obligatoria por el Gobierno de España y ha sido impuesta sin que los ayuntamientos hayan recibido las herramientas necesarias para gestionarlo adecuadamente”. Según Barrachina, “ello está generando una gran dificultad para muchos de ellos, especialmente para los municipios más pequeños dado que los ayuntamientos no disponen de la capacidad económica ni técnica ni jurídica suficiente para poder afrontar esta nueva imposición que claramente les perjudica".
“Desde la Diputación, indicaba la presidenta, comprendemos la carga que esta obligación representa para nuestros municipios y nuestra prioridad es estar al lado de los ayuntamientos porque entendemos que no pueden afrontar solo esta nueva exigencia sin los recursos necesarios”.
A través de las medidas implantadas, la institución provincial ofrece a los municipios la posibilidad de delegar la gestión de la nueva tasa residuos en la Diputación, que se encargará directamente de la recaudación. “Nuestro servicio de recaudación se ocupará de todo el proceso y transferirá los fondos correspondientes a cada ayuntamiento, para liberarlos de la carga administrativa que supone esta tarea”, ha explicado Marta Barrachina, quien ha hecho hincapié en que “esta medida es especialmente importante para los municipios pequeños, que suelen tener falta de personal y de los recursos necesarios para poder manejar estos trámites”. A todo ello, se suma la problemática que supone crear una ordenanza para una tasa “que no saben realmente cómo aplicarla”.
En contra de lo denunciado por el PSOE, Marta Barrachina ha afirmado que “desde la Diputación no nos quedaremos de brazos cruzados e iremos de su mano, ayuntamientos, mancomunidades, para que sea lo más fácil posible este proceso que tenemos que pasar todos”.
Además de todo ello, el Gobierno Provincial ha presentado una moción al pleno del próximo martes 22 de octubre para mostrar su rechazo a la tasa y exigir una moratoria.
A través de la moción, "la institución provincial instará al Gobierno de España a aprobar una moratoria en la aplicación de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 7/ 2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados en tanto no se establezcan unos criterios claros que sirvan de guía para que todos los ayuntamientos impongan la tasa. También exigirá al Gobierno Central a replantear o estudiar métodos más flexibles de transición y de igual manera prestar ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.
Asimismo, la Diputación de Castellón mostrará su rechazo a repercutir el 100% del coste de la recogida de residuo en la ciudadanía, e instará al Gobierno de España a que tengan en cuenta las peticiones y el posicionamiento de todas las administraciones locales que también se oponen.
