El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana con el objetivo de desarrollar las competencias propias en materia de ordenación del litoral de la Comunitat Valenciana y, entre otras medidas, crear una figura de protección para “blindar” los núcleos costeros tradicionales, tal y como ha subrayado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.
El titular de Medio Ambiente ha comparecido, junto a la portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell para informar sobre las principales novedades de este proyecto legislativo antes de su remisión al Consell Jurídic Consultiu y al Consejo Económico y Social como paso previo a su aprobación final por el Consell y Les Corts.
En su intervención, el titular de Medio Ambiente ha asegurado que la elaboración y desarrollo de la futura norma reafirma el compromiso del Consell por establecer una ley autonómica que responda a las competencias que establece el Estatut d’Autonomia. Según ha remarcado, es, en definitiva, un proyecto legislativo que “protege los valores naturales de nuestra costa y atiende a la realidad histórica y económica del litoral mediante una norma propia”.
A través de esta nueva ley, no se busca sustituir la legislación estatal, sino complementarla, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la compatibilidad entre la normativa estatal y las autonómicas. “Creamos una figura de protección de nuestros núcleos costeros tradicionales y les damos un valor etnográfico”, ha indicado el conseller.
El titular de Medio Ambiente ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con alrededor de 500 kilómetros de costa que albergan 10 parques naturales. Además, más del 70 % de la población reside a menos de 10 kilómetros del mar, lo que resalta la importancia de este entorno no solo desde un punto de vista ecológico, sino también para la economía valenciana, dado que el 15 % del PIB se genera en la franja costera, tal y como ha argumentado.
En este sentido, Martínez Mus ha defendido que, con esta ley, el Ejecutivo valenciano reafirma su compromiso de garantizar la protección de su litoral y su patrimonio natural de forma integral, a la vez que “se asegura que todas las decisiones sobre autorizaciones y concesiones en la costa se tomen en beneficio de la ciudadanía y del entorno”. La ley también busca “reformular” el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) al elevar a rango de ley las normas básicas de zonificación del litoral estableciendo los usos permitidos, prohibidos y autorizables en cada área.
Martínez Mus ha explicado que esto aportará “una planificación más clara y con mayor seguridad jurídica”, dado que las normas generales tendrán ese rango de ley y será la norma reglamentaria la encargada de clasificar y catalogar cada zona del litoral.
Por otro lado, la futura ley se centrará en la protección de los valores naturales esenciales y de la biodiversidad. En este sentido, por primera vez, ha destacado el conseller, una ley valenciana protege específicamente la posidonia, con la prohibición, con carácter general, del fondeo de embarcaciones sobre esta especie.
Ayudas a personas afectadas por el incendio de Bejís
El pleno del Ejecutivo ha autorizado, por otro lado, una modificación presupuestaria para habilitar una partida de 810.000 euros destinada a compensar a las personas que viajaban el 16 de agosto de 2022 en el tren de la línea València-Zaragoza que se vio sorprendido por las llamas del incendio de Bejís.
Se trata de ayudas económicas destinadas a mitigar los daños físicos y psicológicos que sufrieron como consecuencia del incidente un total de 48 personas, a las que el Gobierno anterior “no prestó la atención merecida”, según ha señalado la portavoz, Ruth Merino.
Merino ha subrayado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha estado “muy concienciado durante todo este tiempo” con la necesidad de dar una solución a estas personas, y ha añadido que, con la medida adoptada por el Consell, “se da ese paso para que las ayudas lleguen a los afectados”.
Nombramientos
Por otro lado, el Consell ha nombrado a Francisco Pablo Ortega Gil como nuevo director general de Personal Docente, en sustitución de Sonia Amelia Sancho de Vicente, que cesa a petición propia. El nuevo director general era en la actualidad responsable de la Inspección Territorial de Educación en la Dirección Territorial de Educación y Universidades de Alicante.
Además, el Gobierno valenciano ha aprobado el nombramiento de Sergio González Moreno como director general de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, en sustitución de José Miguel Monteagudo Hernández, que también cesa a petición propia. El nuevo alto cargo es titulado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y desempeñaba hasta la fecha el puesto de jefe de sección de Instalaciones Fijas en esta agencia.
