En la provincia de Castellón existen tres centros, el de Castellón 24 horas, y los rurales de Segorbe y San Mateo. Durante 2023 se atendieron a 1.868 mujeres y se realizaron 10.523 atenciones
El Partido Popular ha destacado hoy la importancia de intensificar los esfuerzos en la lucha contra la violencia de género en Castellón, poniendo énfasis en la próxima apertura de un Centro de Atención Integral para Víctimas de Agresión Sexual. Este nuevo centro, que funcionará las 24 horas, contará con un equipo especializado de psicólogos, trabajadores sociales y abogados para ofrecer una atención integral a las víctimas.
Así lo ha avanzado la vicesecretaria de Acción Social del PPCS, Elena Albalat, quien ha defendido “la lucha contra el maltrato todos los días, porque cada día podemos hacer algo en defensa de una sociedad de iguales en la que la palabra ponga freno a la violencia”. “Este centro va a ser un referente, ya que con más de 600 metros y una inversión de 1,2 millones de euros va a dar un giro al concepto de los centros para mujeres. Será un servicio amable, acogedor y donde se atenderá en un ambiente familiar y agradable”, ha avanzado.
Albalat reconoce que “somos conscientes de que la educación es fundamental. Que formar a los jóvenes de igual a igual es un requisito básico y que con ello fomentaremos una cultura en la que las capacidades cuenten frente al género de las personas”. Para lograrlo, “en la provincia de Castellón contamos con tres centros, el de Castellón 24 horas, y los rurales de Segorbe y San Mateo”. Recursos dirigidos a las víctimas que en 2023 atendieron a 1.868 mujeres con 10.523 atenciones o intervenciones.
En la actualidad, señala la vicesecretaria de Acción Social, “se está tramitando la licitación de la gestión del Centro Mujer 24 horas de Castellón, que va a conllevar un incremento en la plantilla de trabajadoras, lo que va a suponer una mejor atención las víctimas y también una mejora de las condiciones salariales de las trabajadoras”. Un centro que PSOE y Compromís dejaron sin contrato desde el año 2019.
Un Gobierno de España ausente
En la provincia “contamos además con 52 plazas residenciales para víctimas de violencia de género, con personal especializado y donde pueden residir ellas y sus hijas e hijos para salir de su escenario de violencia”.
“Pero para ser más eficaces”, explica Albalat, “este esfuerzo debe de venir acompañado de un paquete sólido de ayudas para garantizar la protección por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Para la portavoz del PPCS en materia de Acción Social, “resulta frustrante ver cómo los datos demuestran un dramático incremento de los casos de violencia de género y frente a ellos hay un Gobierno de España que con el PSOE al frente mira hacia otro lado”. “Un agente no puede atender más de 700 víctimas como tampoco prestar la protección debida cuando las plazas no se cumplen”.
En el fondo, esgrime Albalat, “hay una política que desatiende a quienes nos protegen y con ello desatiende a víctimas que con un pacto sólido y firme que invirtiera en el refuerzo de plantillas, recursos e instalaciones óptimas se verían amparadas”. Pero lamentablemente, “nos encontramos con leyes, como la del sí es sí, que ha supuesto una mayor amenaza para las agredidas en lugar de la esperada cobertura” a la que se han sumado casos como el del diputado de Sumar Íñigo Errejón.
Pendiente de refuerzos
La provincia de Castellón sigue siendo un territorio pendiente de inversiones por parte del Gobierno de España. Desde la estabilidad de unidades como la del Seprona a la necesaria permanencia de los puestos auxiliares de Benassal, Lucena, Artana, Alcossebre y Betxí.
A todo ello se suma la urgente inversión en cuarteles como el de Nules, Almassora, Benicàssim y Onda, así como la ejecución de la reclamada comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). “La realidad es que, de 32 cuarteles de la Guardia Civil operativos en la provincia, 8 de ellos principales, hay un centenar de puestos están pendientes de ser cubiertos y eso merma la atención y desprotege a quienes son víctimas del maltrato”. “El reto es garantizar a toda la ciudadanía la seguridad que merece y la protección que reclama cuando por cuestión de género se atenta contra la vida”.
