Cincuenta días después de las lluvias torrenciales que azotaron la Comunitat Valenciana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, y las precipitaciones adicionales del 7 de noviembre, los agricultores castellonenses afectados siguen esperando soluciones efectivas.
La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que las dos administraciones competentes, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, no han sido capaces de coordinarse ni de acordar el listado de municipios beneficiarios de las ayudas. Esta falta de entendimiento está dejando a miles de agricultores y ganaderos de la provincia de Castellón sin los recursos necesarios para reconstruir sus medios de vida.
Las tormentas de finales de octubre y principios de noviembre han causado pérdidas que superan los 1.000 millones de euros, de los cuales 500 millones corresponden a infraestructuras dañadas. Las inundaciones no solo destruyeron cosechas, sino que también arrasaron arbolado, sistemas de riego y vías de acceso esenciales para la actividad agrícola y ganadera. Además, los daños incluyen la pérdida de maquinaria clave como tractores, cisternas y equipos fitosanitarios, entre otros. Si no se amplía el ámbito de aplicación de las ayudas, los agricultores de las localidades excluidas quedarán completamente desamparados.
El Real Decreto-ley 6/2024 del Gobierno de España reconoció a 75 municipios como beneficiarios de las ayudas por la DANA sin incluir ninguno de la provincia de Castellón, mientras que el Decreto 164/2024 de la Generalitat añadió posteriormente diez localidades más en el que tampoco contenía ninguna de Castellón.
Así, un total de 31 localidades de la provincia de Castellón han quedado fuera del listado oficial, a pesar de haber sufrido también el impacto de las lluvias del 7 de noviembre. Estos pueblos presentan daños significativos en cultivos, infraestructuras y actividades agrarias, pero ni el Gobierno ni la Generalitat han dado una respuesta concreta a las solicitudes de inclusión presentadas por La Unió.
La organización agraria ha pedido desde el pasado 8 de noviembre, y lo ha reiterado en varias ocasiones más, que numerosas localidades de Castellón también afectadas por la DANA se integraran en la normativa. Son los casos de Alcalà de Xivert, Altura, Atzeneta, Benassal, Benicarló, Borriol, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Catí, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Higueras, La Pobla Tornesa, La Salzadella, La Serratella, La Serra d'en Galceran, La Torre d'en Besora, Les Coves de Vinromà, Morella, Orpesa, Peníscola, Rossell, Sant Mateu, Santa Magdalena, Tírig, Torreblanca, Vall d'Alba, Vallibona, Vilar de Canes y Vinarós.
Carles Peris, secretario general de La Unió, ha señalado que "es urgente modificar la normativa para garantizar que las ayudas lleguen a todos los agricultores y ganaderos castellonenses afectados. Si las administraciones no coordinan sus criterios, habrá personas que se quedarán sin poder reconstruir su actividad agraria. Esta ampliación es fundamental para evitar desigualdades y reactivar el sector".
La Unió insta por tanto al Gobierno de España y a la Generalitat a dejar a un lado sus diferencias, actuar con responsabilidad e incluir todos los municipios afectados en las normativas de ayudas, especialmente aquellos que quedaron fuera tras las lluvias del 7 de noviembre y que han registrado daños significativos. "Solo con una respuesta coordinada y eficaz será posible aliviar el impacto devastador que ha tenido esta catástrofe sobre el sector agrario castellonense", indica Carles Peris.
