CSIF denuncia que la desaparición de este modelo implicará una mayor presión asistencial al incorporar al sistema público a 20.000 nuevos pacientes
La sanidad pública sumará alrededor de 20.000 nuevos pacientes en la provincia de Castellón y casi 1,5 millón a nivel estatal a partir del próximo mes de febrero si, finalmente, el Gobierno central ‘certifica’ el fin del modelo de Muface. Una situación que, advierten, agravaría aún más el colapso sanitario del sistema público.
Así lo ha denunciado este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), quien ha convocado una concentración frente la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de María Agustina, para continuar con las movilizaciones en defensa de Muface, un modelo que cuenta en Castellón con unos 20.000 usuarios, entre afiliados y beneficiarios, lo que supone el 3,5% de la población total que se concentra, en su mayor parte, en la capital de la Plana.
En este sentido, desde CSIF denuncian que el fin de Muface “aumentará la presión asistencial, ya que la mayor parte de los usuarios pertenecen a un segmento de población mayor de 50 años, por lo que requieren más asistencia sanitaria” y generará “enormes listas de espera”. Y para evitar esta saturación en la provincia, el sindicato ha cifrado en 300 los nuevos empleados sanitarios necesarios, la mayoría de ellos médicos.
Asimismo, han recordado que el aumento de la presión asistencial será sufragado por la Comunitat Valenciana y que la supresión de Muface beneficiará al Gobierno “ya que supondrá un importante ahorro económico, en perjuicio de las comunidades autónomas”.
Otra de las consecuencias que alertan es el posible cierre de centros hospitalarios privados o el recorte de personal, sobre todo en ciudades pequeñas como es el caso de Castelló. “No se van a poder sostener solo con pacientes de otros seguros privados y muchos de ellos no serán viables”, advierten. Y a todo esto se sumará una carga de trabajo ‘extra’ para el personal sanitario para introducir las casi 20.000 nuevas historias clínicas en el sistema informático.
La fecha clave para revertir esta situación es el 31 de enero, día en el que ‘caduca’ el actual contrato. CSIF espera que antes de que se agote el plazo el Gobierno haga pública una nueva licitación, en la que se mejore las condiciones, para asegurar la supervivencia de este modelo.
