A la manera de los thrillers de Agatha Christie, vamos presentando a los principales personajes de esta novela política española. Hablamos ayer del hermano, hoy le toca el turno al Fiscal General del Estado, luego le llegará la vez a la esposa, al mejor amigo de los tiempos del Peugeot y la Moción. También, como hacía doña Agatha, el desenlace llegará casi al final y vendrá envuelto en misterio y sorpresas. Pero tengan paciencia; aun habrá que esperar algún tiempo.
Desde los años de Montesquieu llegamos al convencimiento de que en una democracia debían existir tres poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- y que cada uno de ellos debía ser independiente respecto a los otros dos.
Los años han pasado y ya bien entrados en el siglo XX vemos que han surgido otros poderes -el económico, los medios informativos, la Iglesia, la administración, el Ejército etc- y al mismo tiempo, los tres de Montesquieu no son ya tan independientes.
El Legislativo, por la propia naturaleza de las cosas está muy vinculado al Ejecutivo ya que las mayorías parlamentarias deciden el grupo que nos gobierna y lo mantiene en el poder durante un tiempo determinado. A su vez el Judicial se ha venido politizando como lo indica el funcionamiento tanto del Tribunal Constitucional, el CGPJ, dividido entre jueces de derechas y de izquierdas a partes iguales, aunque con una excelente Presidenta progresista que lo es también del Tribunal Supremo. Por último aunque no menor, el Fiscal General del Estado, por alguna extraña razón, tiene una especial dependencia del Presidente del Gobierno, dependencia que siempre se había llevado con discreción hasta que un día a Sánchez se le fue la lengua y en una entrevista en la sexta soltó aquello de "¿Y de quien depende la Fiscalía? Pues eso".
De ahí que Sánchez nombre al frente de tal Fiscalía a una Ministra de Justicia saliente, como Dolores Delgado o a personas de total confianza como el actual titular, Alvaro García Ortiz. Éste actúa como un fiel subordinado de Sánchez y ello está quedando de manifiesto en el caso del empresario Alberto González Amador, consultor sanitario, divorciado, tres hijos, que se enriqueció, como tantos otros, con la importación de material sanitario durante la pandemia y que, como muchos de ellos, se vio en líos con Hacienda por defraudación tributaria y falsificación de documentos.
Tratándose de una persona discreta y enemiga de los tabloides, el caso del Sr Amador hubiera pasado desapercibido ante la fiscalía y el gran público, de no darse la circunstancia de que desde hace tres años es el novio de Isabel Diaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid y enemiga número uno de Sánchez .
Todo indica que el Presidente pidió a "su" Fiscal General información sobre Amador y Ortiz, contraviniendo sus estricto deber de reserva, incurrió en el delito de desvelar secretos oficiales comunicando los "pecados tributarios" a La Moncloa desde donde rebotaron a la oposición socialista en el parlamento de Madrid de donde Juan Lobato fue injustamente cesado, a los medios informativos y al público en general.
Es evidente que el objetivo de la operación no era perjudicar al empresario sino a su prometida con lo que, de paso, se intentaba llenar de bruma el escenario judicial procurando borrar los casos Begoña, David, Ortiz, Ábalos, Koldo etc. Y por si todo ello no funcionaba, el gabinete Frankenstein prepara una Ley de Inmunidad que a la manera de la Amnistía, despejara todos estos procesos del espacio judicial. No cabe mayor indecencia ni mayor descrédito para España que se habría convertido por derecho propio en un regimen bananero.
El Tribunal Supremo acaba de imputar con cargos gravísimos, al Fiscal general y a dos de sus principales colaboradores, un caso insólito que en cualquier democracia de nuestro entorno hubiera conllevado dimisiones en cascada hasta del número uno. Y conste que me molesta repetir el latiguillo de "las democracias de nuestro entorno". A veces parece como si hubiéramos cambiado de entorno.
Todo ello, por supuesto, no exime las responsabilidades tributarias del Sr Amador que, como hacemos todos, tendrá que ajustar sus cuentas con Hacienda.
Lo que resta interés a este thriller es que sabemos quienes son los malos, pero el suspense se mantiene porque no sabemos quién y cómo pagará por sus culpas. Si es que las paga.
