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lunes, 25 de noviembre de 2024 | Última actualización: 23:18

El Consell presenta el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para 2015

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Se establece una nueva tarifa autonómica del IRPF que beneficia a las rentas bajas y medias con objeto de generar mayor capacidad económica entre los ciudadanos e incentivar el consumo y la inversión.

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El Consell ha tomado hoy en consideración el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2015 - Ley de Acompañamiento-, y ha ordenado los trámites posteriores, es decir, su remisión al Comité Económico y Social (CES) y al Consell Jurídic Consultiu para que ambas instituciones emitan el dictamen preceptivo.

El articulado de la Ley de Acompañamiento 2015 modifica 2 leyes de carácter tributario y otras 20 leyes de carácter no tributario, de las que 7 son modificadas para ser adaptadas a la normativa estatal y las 13 restantes por motivos organizativos o técnicos.

En el ámbito fiscal del Anteproyecto de Ley tiene especial relevancia el establecimiento de una nueva tarifa autonómica del IRPF que implica nuevos beneficios fiscales de carácter global. Por un lado, beneficia a las familias y a las rentas bajas y medias y además, busca dotar de mayo capacidad económica a los ciudadanos, para incentivar así el consumo y la inversión.

En la escala autonómica del IRPF se reducen los tipos en todos los tramos de forma progresiva, beneficiando esta medida a 1,87 millones de contribuyentes valencianos.

Se ha estimado que el impacto total de las medidas fiscales para 2015 ascenderá a 347 millones más que en 2014, y que los valencianos podrán ahorrarse el próximo año entre 280 y 450 euros. Además, si tenemos en cuenta las reformas y deducciones estatales y las autonómicas, el conjunto de medidas adoptadas representa un ahorro de 830,58 millones de euros.

Cabe destacar que el impacto en el tramo autonómico será de 271,46 millones, beneficiará principalmente a las rentas de hasta 21.000 euros, o lo que es lo mismo, al 64,4% de los contribuyentes valencianos.

Por poner algunos ejemplos, se puede señalar que un contribuyente casa y con dos hijos, con 16.890 euros de renta, tendrá un ahorro estimado de 318 euros, y un contribuyente, igualmente casado y con dos hijos, cuya renta sea de 31.500 euros, tendrá un ahorro de 328 euros.

Impulso a las actividades económicas

El Proyecto de Ley de Acompañamiento 2015 incluye también nuevos beneficios fiscales de alcance selectivo destinadas al impulso de las actividades económicas, en especial las vinculadas a las familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Estos beneficios fiscales van a centrarse en los sectores de la construcción, el transporte y el juego.

Así, destaca el incremento del porcentaje de la deducción autonómica en el IRPF del 10% al 25% de las cantidades pagadas para las obras de mejora, conservación, sostenibilidad y accesibilidad de la vivienda habitual. Esta medida podrá aplicarse en rentas de hasta 25.000 euros en tributación individual y de hasta 40.000 euros en tributación conjunta, estableciéndose una base máxima de deducción de 4.500 euros.

Se ha estimado que el impacto económico de esta medida será de dos millones de euros anuales.

En la misma línea de fomento sectorial de la actividad económica en la Comunitat, se incluyen una serie de medidas fiscales para incentivar la actividad del sector económico del juego.

Así, se establece la bajada media de tipos de gravamen a los bingos, que pasa del 47,9% al 42,9%. Esta medida afectará a 57 salas de bingo de la Comunitat Valenciana con una plantilla conjunta de 1.500 puestos de trabajo.

A su vez, en este conjunto de medidas se incluye la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2015 de la vigencia del tipo de devolución del gasóleo profesional para los transportistas (48 euros por 1.000 litros), aplicable en relación con el tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos establecido para el gasóleo de uso general como carburante.

Se podrán beneficiar los titulares de vehículos, con determinados requisitos, destinados al transporte de mercancías y viajeros por carretera y de taxis. La medida implica un impacto económico anual de 20 millones de euros.