José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.
Vaya sentencia señores la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por el recurso interpuesto por el CERMI al famoso decreto de agosto del año 2013. El varapalo a la Generalitat Valenciana, y más concretamente a la Concellería de Bienestar Social ha sido memorable.
No deja pie con bola, ninguno de los preceptos invocados, la forma, el fondo y lo que es más importante, la actuación fuera de lugar, prepotente y abusiva se han ido al garete.
El imperio de la ley sirve y esta sentencia es buena prueba de ello, no ya porque recoja en su integridad lo solicitado por dos de los colectivos que necesitan más protección en nuestra sociedad, la tercera edad y los discapacitados, sino porque además frena y pone en su lugar a politiquillos de tres al cuarto que creen que todo se puede por tener en Boletín Oficial de Generalitat Valencia a su servicio.
Se apuntó hace meses desde esta columna de opinión que no se podía pretender que colaborara en el pago del coste del servicio quien lo recibía, atentando contra principios básicos tributarios, usurpando la parte del león de las exiguas pensiones que en el caso de los discapacitados reciben y que además lo que a todas luces era una tasa, se pretendiera que fuera cobrada por entidades privadas.
Pero no solo eso, ya que sin haber establecido los precios públicos de cada una de las plazas que ocupan discapacitados y sin atender las peculiaridades de cada uno de los colectivos, se comenzaron a emitir resoluciones sobre lo que cada familia tenía que pagar, estando con las entidades que prestan los servicios en la vergonzosa situación de subvención y no de convenio o concierto.
¿Cómo es posible que los servicios jurídicos de la Generalitat no percibieran la aberración que suponía apropiarse de competencias que corresponde a las Cortes, imponer por decreto lo que debe estar legislado? ¿Cómo es posible que desde la Doncellería de Servicios Sociales durante estos meses no haya imperado la prudencia en vez de la prepotencia, incluidas las amenazas veladas?
Se han pedido aportaciones a las familias que en algunas ocasiones ya han abonado y que ahora habrá que ver como se les reintegra
El asunto es más complejo porque es claro y muy cierto que pocos consumen una cantidad importante de recursos, que en épocas de carestía y por aquello de que el todo gratis no se valora, habrá que estudiar fórmulas de participación, pero así no, de ninguna manera.
Esta sentencia obviamente debería generar alguna dimisión importante, si es cierto que tanto la consellera como secretario autonómico se encontraron con el pastel, pudieron anularlo, pudieron modificarlo, y más aún, pudieron cambiar a quien desde la Dirección General de personas con discapacidad, la señora Pilar Collado, ha insistido erre que erre en su aplicación.
Por dignidad política, por coherencia, márchese señora Collado, y den marcha atrás por la vergüenza y el sufrimiento que están infringiendo con ese anuncio de recurso. Tacita a tacita, gotita a gotita se le van escapando los votos Molt Honorable. Qué lástima que quien rezuma seriedad, confianza y fiabilidad se rodee de incapaces, miopes y aviesos.
