La Diputación Provincial de Castellón llevará a la Fiscalía la cláusula abusiva que el Gobierno pagará a la empresa Escal por la paralización del proyecto Castor. La decisión se tomó con los votos del PP sobre una enmienda a la moción de Compromís, que solicitaba el desmantelamiento de la planta. Fue un pleno denso, demasiado, que se saldó en un tiempo record y en el que hubo pocos acuerdos y muchas acusaciones. El PP rechazó también con sus votos una propuesta del Psoe para recuperar el AVE que paralizó José Blanco. En lo positivo, las cuentas de la Diputación demuestran que tiene buena salud económica.
EM/Castellón Información
El pleno de la Diputación Provincial, correspondiente al mes de octubre fue denso, con un largo orden del día que, afortunadamente, discurrió ligero, gracias al control de las intervenciones de los diferentes portavoces.
Posturas divergentes en torno al Copago
El primer tema en litigio fue el del Copago de los Servicios Asistenciales. Un debate destinado al fracaso desde el primer momento, y en el que no sirvieron ni llamadas a la solidaridad, ni que el Pspv-Psoe intentara tocar la ‘fibra sensible’ del presidente de la Diputación, Javier Moliner, para que actúe en defensa de los necesitados de la provincia.
La diputada Esther Pallardó, poco querida por los micrófonos de la Diputación, se mostró con mano de hierro y no dio lugar a debate alguno. Al final los números sobre números, y los datos sobre más datos, solo sirvieron para dejar claro que las posturas son totalmente divergentes y que la Diputación no intercederá para que la Generalitat no recurra el Copago en servicios sociales. La igualdad, entendida de diferente manera por unos y otros, acabó con la aprobación de la moción del PP que modificaba en lo sustancial la propuesta anterior del del Pspv- Psoe.
El Psoe vuelve a defender el AVE de ‘Pepiño’ que Blanco anuló
Otro tema interesante fue la moción presentada por el Pspv-Psoe sobre el AVE y las Cercanías del norte de la provincia. Un tema que hubiera podido sumar apoyos, acabó como el rosario de la aurora al mezclar ‘churras con merinas’.
Que la Diputación ha solicitado por activa y por pasiva un sistema de Cercanías para el norte de la provincia, no es cuestionable, ya que la reivindicación ha sido realizada repetidamente con el respaldo de todos los grupos.
Pero otra cosa es mezclar el Ave con las Cercanías, así, por las buenas. Que el representante del Grupo Socialista recrimine al equipo de Gobierno que el proyecto actual del Ave no es más que un mal sucedáneo de lo que es de verdad una línea de Alta Velocidad, con doble plataforma, como la que se construye en otros puntos de España, es obvio, y podría ser de justicia.
Pero este razonamiento clama al cielo si se recuerda que, solo en el 2010 fue el Partido Socialista, en boca de José Blanco, el que propuso un Super Ave para Castellón, sobre el que llegó a encargar incluso un vídeo de promoción, para desdecirse después y anular todo lo que había propuesto cuando se le aplicaron los recortes.
Que el portavoz socialista recordara como virtudes lo de Blanco y recriminara al PP por no seguir sus pasos, generaba algo más que un revuelto de tripas. Y que tras defender esta postura la única conclusión socialista es que el PP se opone a una buena comunicación ferroviaria con el norte de la provincia, eso ya es para nota.
Responsabilidades sobre la cláusula abusiva del Castor
Similar fue el enfrentamiento sobre el proyecto Castor, que salió a la palestra por una moción en la que Compromís pide el desmantelamiento total de la planta.
El análisis de Compromís es literalmente lógico. Si la planta genera seísmos y ha sido paralizada por este motivo ¿a qué viene conservarla?. Pero lo que se debatió en la sesión es, quien dio la primera autorización; quien decidió a quien; quien se opuso o aplaudió más el proyecto si el Psoe o el PP. Y sobre todo, como va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos la escandalosa compensación que se tiene que pagar a la empresa Escal, que resulta que es de de Florentino Pérez, por haber abandonado y renunciado a la concesión, una vez montada la planta.
Según el portavoz del PP, a Aznar se le ha achacado un proyecto que no aprobó. Según el PSOE el Castor se gestó en la tribuna del Real Madrid entre PP y Florentino. Fue tanta la insistencia de Colomer en torno a la figura negativa de Florentino, que el público hubiera podido recordar con escozor, si de verdad se hablaba del Castor o del partido Madrid - Barça del sábado.
Barrachina manifestó que “el Supremo nos condena a todos los ciudadanos a desperdiciar 1.300 millones de euros por los errores del Gobierno del PSOE. La Plataforma Castor es un monumento a la torpeza socialista. Pedimos que se lleven a cabo todas las actuaciones contra las empresas a las que el PSOE dio a dedo, porque no hubo concurso, las adjudicaciones, y lo hizo sin incluir en la Declaración de Impacto Ambiental estudios sísmicos y atando bien atada una cláusula completamente abusiva a pagar sí o sí, entrara o no en funcionamiento la plataforma, por todos los ciudadanos españoles. El Gobierno de Rajoy, nada más tomar posesión en 2012 intentó echar para atrás esa cláusula por considerarla abusiva, y así lo certifican los diversos acuerdos tomados en Consejos de Ministros como indica el BOE, un año antes de que se produjeran los terremotos en la zona”.
“Esto es para morirse”, repitió una y otra vez el portavoz del Psoe, Francés Colomer. Y aunque la festividad de Todos los Santos queda cerca, y afortunadamente no se murió nadie, el trasfondo real del Castor sigue sin tomarse en cuenta. Ahora resulta, reconoció Barrachina, que son los pescadores los que no quieren que se derribe.
Al final, sobre la moción de Compromís, que nadie tomó en cuenta, se presentó una enmienda de sustitución del PP, que no tenía nada que ver con la primera.
Aquí se piden responsabilidades legales. Y el acuerdo, votado por el PP, pide que “se revise la cláusula abusiva que el Gobierno, entonces gobernado por el Partido S
ocialista, aprobó en la Orden ITC/3995/2006 por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica, y por si hubiera acciones que ejercitar ante los responsables públicos en la tramitación y autorizaciones de los diferentes ministerios, que dieron como consecuencia la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a pagar a ESCAL”.
Además, añadió Barrachina, solicita al Gobierno que “en ulteriores decisiones sobre la planta que pudieran conducir al desmantelamiento, sean tenidas en cuenta las opiniones de los sectores afectados y evaluados los costes adicionales que sobre el recibo del gas pudieran tener. Asimismo, agradece al Gobierno que haya aprobado la paralización del almacén Castor”.
La óptima salud económica de la Diputación
El vicepresidente de la Diputación, Miguel Barrachina dio cuenta durante la sesión de la óptima situación financiera que vive al Diputación Provincial.
La Diputación de Castellón invertirá tres millones de euros más en la provincia el próximo año fruto del ahorro generado tras aplicar los criterios de eficiencia. Así se desprende de varios informes técnicos de los que se ha dado cuenta hoy en el Pleno de la institución provincial, como son el Informe de Morosidad de Tesorería del tercer trimestre de 2014 que apunta a una reducción de la deuda en 50 millones de euros (con un ahorro de 800.000 euros anuales en intereses), y el periodo medio de pago del mes de septiembre que deja la cifra récord de 3,45 días.
Es precisamente esa situación de solvencia la que ha favorecido que el Pleno haya aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno la ampliación a 120 mensualidades del periodo de reintegro de la deuda con el Estado, para así disponer de 2,2 millones de euros anuales más para los pueblos.
El vicepresidente de Economía, Miguel Barrachina, ha explicado que “el haber presentado todas las cuentas de 2013 en tiempo y forma, pagar en menos de 30 días y dada la estabilidad presupuestaria con la que vamos a cerrar el actual ejercicio, cumplimos todos los requisitos para acogernos a esta nueva fórmula del Estado que beneficiará a la provincia en términos prácticos con que la Diputación contará con 2.270.000 euros más de ingresos para invertir en los pueblos. Eso, unido a los 800.000 euros que nos ahorramos en intereses por haber reducido tanto la deuda, suman más de tres millones de euros que invertiremos en lo que realmente importa: solucionar los problemas de los pueblos y sus ciudadanos, mejorar los servicios y responder antes y mejor a las demandas de los alcaldes de la provincia”.
