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El Juzgado de lo Penal nº 1 de Castellón ha dictado dos sentencias condenatorias a propietarios de construcciones en suelo no urbanizable protegido dentro del área de regeneración de la Sierra Calderona, una en la Partida Fuente del Rector y la otra en la Partida de Caldes.
Ambas construcciones se realizaron sin licencia municipal, aunque tampoco la misma habría podido concederse por la protección forestal del tipo de suelo en que se realizaron. Este Ayuntamiento viene obligado por ley a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal todas aquellas edificaciones que se realicen en suelo no urbanizable sin obtener licencia.
Las denuncias fueron interpuestas por la Fiscalía Provincial de Castellón que calificó los hechos como delito contra la ordenación del territorio, previsto y penado en el artículo 319 del Código Penal. Las diligencias previas de estas causas fueron instruidas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe, realizándose posteriormente los juicios orales en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Castellón.
En ambos casos hubo un acuerdo entre el Fiscal y los acusados y se les aplicó la pena más leve en este tipo de delitos. Para el primero de los casos consistente en la ampliación de una vieja caseta de aperos y la construcción de un paellero en la Partida Fuente del Rector se impuso la pena de 3 meses de prisión y 6 euros diarios de multa durante un periodo de 6 meses. En este caso se tuvo en cuenta la atenuante por reparación del daño causado, ya que con anterioridad al juicio el denunciado había derribado las edificaciones.
La construcción realizada en la Partida Caldes consistía en una caseta de madera de 50 m², con pilares de bloques de hormigón y el juzgado ha ordenado su demolición, además de la imposición de la pena de 6 meses de prisión y multa de 6 euros diarios durante un periodo de 12 meses.
Para evitar la comisión de este tipo de delitos, se hace necesario informarse en el Ayuntamiento de en qué lugares del suelo no urbanizable o rural se puede construir, qué tipo de edificaciones se pueden construir y obtener la preceptiva licencia de obras. Tanto la policía medioambiental, como el Seprona e incluso empleando medios aéreos, persiguen estos delitos medioambientales; por lo que es muy difícil “escapar” a la actuación del ministerio fiscal en estos casos.
