Santiago Beltrán. Abogado.
La consulta al final se ha realizado. Era justo lo que los nacionalistas catalanes deseaban y lo han conseguido. El Gobierno, ergo el Estado, entró en el pulso lanzado por los separatistas y teniéndolo todo a favor, al final, como siempre, han doblado el brazo y perdido otra batalla más. Y esta traerá consecuencias, no lo olviden.
Lo peor, con todo, es la imagen de dejadez e inacción del gobierno popular y de la oposición socialista. Ambos han consentido que el mensaje de la independencia cale más hondo en la sociedad catalana, y que muchos no convencidos por la posibilidad real de conseguir la independencia, ahora caigan, que con un Estado tan débil todo es posible, hasta declararla unilateralmente, como decididamente anuncian desde ERC, una vez lleguen al Palau de la Generalitat.
Claro que el Estado es algo más que el Gobierno de Madrid. También es el Tribunal Constitucional, que tiene el mandato, como todos los Jueces y Tribunales, de juzgar y ejecutar lo juzgado. Lo tiene la Fiscalía de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Y también el resto de autoridades y funcionarios públicos, con mando en plaza.
Y en esta tesitura cuando escuchas que desde Madrid se esgrime como excusa la ilegalidad de la consulta, uno se pregunta si a continuación de decir semejante obviedad, estos mismos políticos, autoridades o gobernantes se presentan voluntariamente en el primer juzgado de guardia que encuentren, para auto inculparse del delito de omisión del deber de persecución de delitos o delincuentes.
Porque está absolutamente claro, cuando hablamos de la celebración de una consulta ilegal, promovida, patrocinada y favorecida por quienes tienen prohibido hacerla por sentencia judicial, que alguien está cometiendo, como poco, los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos. Y mucho más cuando no hay que averiguar al autor, sino que el mismo se ofrece voluntaria y públicamente, con luz, taquígrafos, micrófonos, cámaras y grabadoras, como responsable de tales fechorías.
¿Se hará algo al respecto? Nada que suponga la detención inmediata del delincuente y su puesta a disposición judicial. La apertura de diligencias de investigación acabará en agua de borrajas, porque suponiendo, generosamente, que se llegara a incoar una causa penal, siempre habrá un Tribunal Supremo que cree una nueva doctrina como la del caso Botín, para exculpar al acusado, con la profunda y concienzuda interpretación legal de que esos delitos no estaban pensados, ni para las charlotadas ni para los empresarios de las plazas donde se celebran.
Y es el que al final siempre se cumple esa máxima que dicta la experiencia humana, que afirma que, para que te respeten, lo esencial y primero es respetarte a ti mismo. En este país, por desgracia, en la cuestión catalana, llevamos demasiado tiempo comprobando que el gobierno catalán se pasa por el forro las leyes del Estado y las sentencias judiciales que dictan los Tribunales españoles, y el mismo tiempo soportando como el Gobierno central y esos mismos Tribunales no hacen nada al respecto.
¿De qué nos podemos quejar ahora?
