La Corporación Municipal ha consensuado por unanimidad el acuerdo que permitirá al Ayuntamiento de Castellón, poder luchar contra la corrupción política cuando uno de sus miembros resulte imputado por ello. El imputado podrá conservar su acta, porque es personal, pero será relevado de todas sus delegaciones y representaciones y verá reducido su sueldo. En el momento en que se levantara la imputación o el tema fuera sobreseído, el político recuperará sus atribuciones y su compensación económica. El acuerdo ha sido aplaudido por todos los grupos, aunque Izquierda Unida se ha desmarcado después calificándolo ‘de mínimos’.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Los cuatro grupos con representación municipal en el Ayuntamiento de Castellón: Grupo Popular, Pspv- Psoe, Compromís e Izquierda Unida, han dado su visto bueno y se han comprometido a hacer cumplir el acuerdo contra la corrupción, en la Comisión de Transparencia, que se ha celebrado hoy.
El acuerdo, que prácticamente ya estaba cerrado la semana pasada, y sobre el que informó ampliamente Castellón Información, tiene como objetivo, consensuar una forma de actuación que será llevada a cabo por cualquiera de estos grupos políticos, en el momento que se produzca una imputación a cualquiera de sus miembros por motivos de corrupción política.
Un acuerdo que supera a los partidos y a otras instituciones
Según ha confirmado Juan José Pérez, portavoz de esta Comisión por la Transparencia Municipal y el Buen Gobierno, es un acuerdo muy avanzado, que supera incluso a los partidos y a otras medidas adoptadas o pendientes de aprobación por otras instituciones.
Este acuerdo, conformó Pérez Macián, intenta responder a la demanda de la sociedad, harta de políticos corruptos y de situaciones, que dañan la imagen y la dignidad de las instituciones públicas.
Por ello, la Comisión ha decido ser tajante en sus medidas, siempre sin rebasar los derechos y la Ley, que avalan la presunción de inocencia de todos los ciudadanos en tanto no se demuestre su culpabilidad.
Pedir celeridad a los jueces
Los principales acuerdos que subyacen en este documento son: por una parte, solicitar a los jueces, sin interferir en su independencia ni en su labor profesional, a través de un pleno municipal, “la máxima celeridad en el procedimiento de instrucción, en aras a determinar a la mayor brevedad, bien la desimputación, bien la apertura de juicio oral”, para que los procesos de corrupción no se prolonguen en demasía en el tiempo.
Definición del concepto de corrupción
Con respecto a las posibles imputaciones, que pudieran producirse. Se diferencia entre la imputación administrativa y la imputación por corrupción.
Para distinguir ambos casos, el documento define el concepto de corrupción.
“Se entiende por Corrupción Política, el mal uso del poder público por acción y omisión para obtener una ventaja ilegítima que comporte un abuso de poder, de funciones o medios para obtener un provecho económico o de otra índole y/o que este beneficio o ganancia ilícita se extienda a personas allegadas por vínculos de mayor o menor intimidad al que obtiene esa ventaja (personal, familiar o de partido)”.
“A los efectos del presente Acuerdo, continúa el documento, será necesario que dicha conducta se encuentre tipificada en el código penal como delitos contra la Administración Pública, tales como prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de su función, u otros tipificados como apropiación indebida, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental o cualesquiera otras conductas típicas análogas”.
La imputación administrativa, en segundo término
Esto significa, explicaba Pérez Macián: que se puede dar el caso de que se cometa un error en documento público o en aprobaciones o en procedimientos administrativos, como ha sucedido en el Ayuntamiento de Segorbe, que no den lugar a enriquecimiento alguno, pero que si pueden aportar razones de imputación. Se trataría de imputación administrativa, y no se tomarán medidas más allá de clarificar los hechos y a la espera de lo que diga el juez.
Pero el Ayuntamiento será tajante cuando la imputación se ajuste a la descripción antes apuntada.
Compromiso de los grupos municipales
En este caso, los cuatro grupos se comprometen, por unanimidad a:
1.- El concejal/concejala será apartado de toda representación que ostente en cualquier órgano colegiado de gobierno o administración del Ayuntamiento, consultivos, patronatos municipales, administración de los entes, fundaciones, sea cual sea su naturaleza en los que el Ayuntamiento sea partícipe y del que formen parte por designación del/de la portavoz de su grupo municipal o por acuerdo de cualquier órgano municipal.
2.- Si forman parte de la Junta de Gobierno Local, y ostentan la condición de teniente de Alcalde o Concejal delegado/a de Área de Gobierno o cualquier otra delegación general o especial de funciones, por la Alcaldía o por la Junta de Gobierno Local, se procederá a la revocación inmediata de las mismas.
3.- En todo caso, estas medidas se adoptarán con la salvaguarda de los derechos políticos individuales y obligaciones inherentes a su estatuto como miembro de la Corporación Municipal.
4.- En el supuesto que afecte a la persona del Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento, éste delegará en el Vicealcalde/Vicealcaldesa el ejercicio de todas las competencias que le atribuye la legislación de régimen local, salvo aquellas que tengan la condición de indelegables, y de no hacerlo, los grupos políticos municipales le instarán a ello.
5.- Las citadas medidas conllevarán la correspondiente deducción del régimen de retribuciones, si desempeñaban funciones con dedicación exclusiva o dedicación parcial, pasando a percibir asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento y comisiones. De la misma forma se procederá en el caso del Alcalde/Alcaldesa en proporción a su dedicación efectiva en esta nueva situación.
Según el acuerdo, aprobado esta mañana, la relegación del político se aplicará desde el mismo momento en que “el miembro de la Corporación Municipal resulte imputado en casos de corrupción por delitos de los mencionados en el apartado anterior y dirigidos a la obtención de los resultados o provechos” descritos en la descripción del delito de corrupción. Y se mantendrán hasta que se produzca el archivo de las diligencias o sobreseimiento respecto del miembro de la Corporación Municipal afectado/a, que podrá recuperar su anterior status en el Ayuntamiento, sin perjuicio que por resolución judicial se disponga otra cosa.
Como el razonable, estas medidas también quedarán sin efecto en el caso de la pérdida de la condición de concejal/a.
Finalmente, los grupos políticos municipales estarán obligados a incorporar estos acuerdos en sus reglamentos o normas internas de funcionamiento.
El acurdo deberá ser ratificado por el pleno del Ayuntamiento.
Consenso entre todos los grupos
La medida ha sido aplaudida por todos los grupos políticos: fundamentalmente el Partido Popular, que afirma que se trata de una medida avanzada que supera a las adoptadas en otros municipios o instituciones; el Pspv- Psoe; y Compromís, cuyo portavoz, Enric Nomdedeu ha señalado que fueron ellos los que propusieron tanto la comisión como el acuerdo consensuado ahora.
Izquierda Unida consensúa y luego se desdice
Por parte de Izquierda Unida, y aunque según miembros de la Comisión, también se ha mostrado rotundamente a favor, su portavoz, Carmen Carreras, se ha negado a comparecer posteriormente con los otros grupos, en la rueda de prensa que se ha ofrecido en el Ayuntamiento.
Según un comunicado remitido posteriormente por Izquierda Unida, Carmen Carreras: “La portaveu municipal d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Castelló ha lamentat avui no haver aconseguit un acord més ampli contra la corrupció a la comissió de transparència: “Des d'Esquerra Unida considerem que l'acord adoptat avui a la comissió de transparència és un acord de mínims com a conseqüència de la postura d'un PP que no ha volgut anar més enllà de la legalitat en les seues propostes, com hagués sigut la dimissió cautelar dels regidors o regidores acusats de corrupció”.
La concejal ha alegado, que se ha aprobado este documento como una alternativa de mínimos, pero ha aprovechado la ocasión para criticar y cuestionar al Grupo Popular, que no actuó en su día de la misma manera cuando se imputó al alcalde Alfonso Bataller.
La demanda de Izquierda unida, explicaba Carmen Carreras, era todavía más amplia, ya que solicitaban la dimisión cautelar del político imputado.
“Izquierda Unida no respeta la Constitución ni los Derechos Humanos”
Sobre estas declaraciones, el portavoz del Partido Popular ha sido tajante. “si la concejal Carmen Carreras y su grupo Izquierda Unida, opinan que esto es un acuerdo de mínimos y querían privar de sus actas a los concejales, es que ni respetan los principios y derechos de la Constitución de 1978, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Porque, indicaba Pérez Macián el Ayuntamiento puede retirar delegaciones, pero no obligar ni retirar a un concejal o diputado a devolver su acta, que es personal, y esa medida sería ilegal.
Pérez Macián ha señalado también que ‘los cambios de opinión’ de Izquierda Unida, responden a motivos puramente políticos. “En la Comisión, se ha mostrado de acuerdo. Cuando he propuesto que todos los representantes de los grupos comparecieran conmigo en la rueda de prensa, para manifestar públicamente el consenso alcanzado, también. Pero luego ha comunicado que ella no estaría presente… y si ahora realiza esas declaraciones en un comunicado…”
Lo que ocurre, según el portavoz del PP, es que Izquierda Unida tiene miedo a no poder integrarse con ‘Podemos’ en una candidatura a las municipales, y fotografiarse con el PP, o aprobar una medida que también respalde el PP, los pone en una situación muy delicada frente a Podemos. Pero eso es un problema que deben resolver ellos”
