Federico Félix. Presidente Fundación Pro AVE.
Los retrasos en política económica y en inversiones ferroviarias necesarias cuestan caras a la sociedad. Es por ello que los responsables públicos deben ser muy rigurosos a la hora de prometer, actuar, explicar los retrasos y corregir los fallos. En el caso del Corredor Mediterráneo este rigor es aún más necesario, al tratarse de la infraestructura ferroviaria de mayor impacto económico del país y una medida de política económica fundamental para consolidar la reactivación en marcha e impulsar un cambio de modelo de desarrollo.
Es por ello que el anuncio, por parte del secretario de Estado de Infraestructuras, de un nuevo retraso en la ejecución de las obras constituye un motivo de desconcierto y frustración, tanto por sus consecuencias económicas como por la desconfianza que genera el comportamiento de los responsables del ministerio.
Si grave es el incumplimiento de las promesas públicas de los máximos responsables de Fomento, hace poco reiteradas al mundo empresarial valenciano, sobre la finalización de las obras en este mismo año, más grave es que se deje en el aire el momento en que la obra estará finalizada y la conexión con Europa en ancho europeo en pleno funcionamiento. Se incumple y al mismo tiempo se deja al ciudadano y a los futuros usuarios de esta infraestructura en la más absoluta incertidumbre. Los responsables de Fomento deberían saber que todo esto conlleva costes para los actores económicos e incide negativamente en la marcha de la economía.
Las causas del retraso, que según el señor Gomez-Pomar tienen que ver con la necesidad de hacer las cosas bien y no generar problemas de circulación, ya debían ser conocidas hace tiempo. En caso contrario tendríamos que pensar que no se ha prestado la debida atención al tema y se ha ido improvisando sobre la marcha, contradiciendo la afirmación del secretario de Estado de Infraestructuras de que el Corredor Mediterráneo es prioritario para el gobierno.
Dado que tanto la Comunidad Valenciana como España se están jugando mucho con el Corredor Mediterráneo, el anuncio del retraso sin especificar la fecha en que las obras estarán finalizadas, dispara todas las alarmas. Especialmente porque existen importantes cuellos de botella entre Vandellós y Tarragona y entre esta y Castellbisbal que no se sabe cuándo y cómo se resolverán y que, como han destacado Fermmed y el Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia, los problemas de gestión que sufre el proyecto complican la ejecución de las obras y generan gran incertidumbre sobre los tiempos de finalización. Podemos entender que aparezcan problemas imprevistos, pero no que una vez identificados y valorados no se resuelvan de manera diligente con objeto de minimizar los retrasos. Y menos que no se conozca el tiempo de finalización.
El gobierno y los responsables de Fomento deben ser conscientes de que estos retrasos impactan en la línea de flotación de una economía fuertemente proyectada al exterior, como la valenciana, al afectar a la competitividad de nuestras exportaciones. Pero también impide aprovechar las ventajas de localización de la Comunidad Valenciana para atraer inversiones externas y la ubicación de nuestros puertos para desviar parte del flujo de mercancías que circula entre Asia y Europa. Todo lo cual es fundamental para transformar el tejido productivo y consolidar la reactivación económica.
Al actuar como lo está haciendo, el ministerio de Fomento está retrasando tanto la reactivación económica como el cambio de modelo de desarrollo, y con ello la tan necesaria mejora del potencial de crecimiento y creación de empleo de nuestra economía. Y lo mismo está ocurriendo, por falta de voluntad política y diligencia de Fomento, con la conectividad ferroviaria entre Valencia y Zaragoza, una actuación de bajo coste que mejoraría sensiblemente los intercambios entre la Comunidad Valenciana y el Valle del Ebro y norte de España.
Con su actuación, el ministerio de Fomento no sólo transmite la sensación de falta de compromiso del gobierno con el Corredor Mediterráneo, sino que está poniendo troncos en las ruedas de la economía valenciana y nacional, al tiempo que genera desconcierto y desanimo en el mundo empresarial. Y si ésta percepción es infundada, el ministerio debería informar con precisión sobre los motivos del retraso y las fechas de finalización de las obras. Es obligación de los responsables públicos hacerlo, y derecho de los ciudadanos exigirlo.
