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El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà, participa hoy en la Conferencia Sectorial de Educación convocada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el desarrollo de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Antes de la reunión, en el Ministerio se ha hecho visible el consenso de doce comunidades autónomas de diferente color político para la paralización inmediata de la aplicación de esta ley con el fin de construir un consenso amplio que dote de estabilidad el sistema educativo.
La posición de la Generalitat Valenciana es clara: pedimos la paralización inmediata de la LOMCE, porque su aplicación pone en riesgo el presente y el futuro de la educación, ha declarado Vicent Marzà. La ley ataca la cohesión de la sociedad porque expulsa del sistema al alumnado con más dificultades por razones sociales, en lugar de facilitar su inclusión los deja de lado y eso ataca frontalmente la igualdad de oportunidades y el ascensor social.
Según Marzà, hemos atacado estos problemas desde el primer día que llegamos a la Conselleria, con la reforma del decreto de Secundaria, que pone sobre la mesa programas de mejora de aprendizaje para el alumnado con dificultades, y también plantea un programa de escolaridad combinada para personas en situación de exclusión, para intentar recuperarlos por medio del sistema. Estas medidas se aprobaron por unanimidad en el Consejo Escolar Valenciano. Está demostrado que cuando las iniciativas tienen sentido pedagógico el consenso llega fácil.
El caso contrario al consenso es el Ministerio. Somos hasta doce autonomías las que estamos de acuerdo con la paralización de la LOMCE y las evaluaciones externas para llegar a un consenso amplio y trabajado, y ahora mismo solo las cinco autonomías gobernadas por el PP y el Ministerio se sitúan fuera del consenso, la pelota está en su tejado sobre sí quieren acuerdos o quieren imposición, ha afirmado. Por eso, en la conferencia sectorial de hoy reclamamos, desde el País Valenciano y once territorios más, que el ministro sea responsable y paralice la ley, nos sentemos a hablar y lleguemos a acuerdos largos y estables.
Además de la paralización, en el punto donde también hay consenso de doce autonomías es en la derogación de la disposición adicional 38 de la LOMCE. Parece que el ministerio tiene alergia al plurilingüismo porque castiga a los territorios con lengua propia, como el nuestro, ignorando que nuestro sistema actualmente garantiza la enseñanza en castellano y ataca directamente nuestros programas de excelencia en plurilingüismo, ha asegurado Vicent Marzà.
Como es una posición de sentido común, también hay consenso en este punto entre territorios y personas de diferente color político, y de nuevo, es el PP quien se quiere quedar fuera, ha añadido.
Retirada del decreto de recortes en Educación
El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte también reclama la retirada del decreto del Estado que imponía recortes en el sistema educativo, como es la imposibilidad de sustituir rápidamente a los docentes de baja y permitir la subida de las ratios de alumnado por aula. Esta regulación afecta directamente la calidad del sistema porque dificulta el día a día del funcionamiento de los centros y la docencia. Los recortes impuestos por el Gobierno español son una parte muy importante de los problemas que tenemos en nuestras aulas. Por eso reclamamos su retirada inmediata en la Conferencia Sectorial.
Bonig: "La educación concertada es un derecho constitucional que tienen los padres"
Asimismo, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Bonig, ha manifestado que la educación concertada “es un derecho reconocido en la LOMCE y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de elegir los padres el centro y el tipo de educación que quieren para sus hijos”
Bonig ha presentado en rueda de prensa, junto a la portavoz adjunta, Mª José Catalá, la Proposición No de Ley que el GPP ha presentado sobre conciertos educativos. En este encuentro han aprovechado para valorar las últimas declaraciones de Marzà donde indicó que “se había acabado la barra libre” entre otras cuestiones.
Bonig ha señalado que “desde el PPCV estamos preocupados tanto por el contenido y por la forma de este Consell, sobretodo del conseller de Educación que ha usado un vocabulario que dista mucho del que debe ser. Estamos cansados de que el actual gobierno use el enfrentamiento, la descalificación permanente a las políticas del PP sin alternativa y encima mintiendo”.
En este sentido, Català ha indicado que declaraciones del conseller de Educación “suponen una falta de respeto en cuanto al sistema educativo de la Comunitat, y a los más de 25.000 profesionales que trabajan de forma directa o indirecta en el ámbito educativo concertado, así como a las familias que han elegido ese modelo”.
Según Isabel Bonig, “la izquierda enmarca el debate de la educación concertada en una confrontación, han creado un debate entre educación pública frente a la concertada, y eso no es así, ese es un debate interesado de los socialistas y Compromís”.
La portavoz del GPP ha recordado que el modelo de la concertada lo creó la izquierda en este país ya que lo introdujo el Gobierno de Felipe González, y ha destacado que “durante los gobiernos del PPCV se ha construido 622 colegios, institutos y centros de Formación Profesional que suponen más de 2.000 millones de euros en inversión. En los 13 años de gobierno socialista en la Comunitat se construyeron 77 colegios e institutos”.
Asimismo, Bonig ha incidido en que en “el presupuesto de 2015 la educación pública tiene una dotación de 2.605 millones de euros frente a 670 millones de euros de la concertada, es decir cuatro veces más para la pública. El gasto por alumno en la pública es 4.580 euros anuales, en la concertada 2.936, es decir, un 56% más en la pública. El gasto diario en la pública es de 14,35 millones de euros frente a los 3,69 millones de euros de la concertada”.
“En la Comunitat- ha continuado Isabel Bonig- el 67,14% de los alumnos estudia en centros públicos, el 26,4% en concertados y el 6,3% en privados. De los 2.763 centros, hay 427 concertados, 1.696 públicos y 640 privados”.
Por último, Bonig ha manifestado que “son las políticas de centro – derechas las que apuestan por libertad pública y la libertad, y las de izquierda mucha declaración de voluntades pero luego de ejecución poco”.
PNL Conciertos Educativos
La PNL presentada por el GPP plantea la necesidad de garantizar la liberad en el ámbito educativo. “Queremos instar al Consell a realizar una planificación educativa de acuerdo a la demanda real y efectiva de las familias, también le instamos a mantener la unidades educativas concertadas respetando la elección de los padres”
“Además, queremos que se respete el derecho de participación tanto de alumnos como padres y docentes en el control y gestión de los centros. Finalmente instamos a que el Consell habilite las unidades escolares necesarias en los centros sostenidos con fondos públicos, por tanto en la pública como en la concertada” ha explicado Català.
“Es una iniciativa –ha continuado Català- en la queremos defender la libertad de las familias, y esperamos que prime la libertad de las familias ante criterios políticos sectarios e ideológicos del nuevo Consell. Los datos demuestran que hablar de desmantelar la escuela pública es faltar a la verdad”.
