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Tras haber tenido que abonar cerca de 15 millones de euros en los últimos años, las sentencias urbanísticas vuelven a sacudir las arcas municipales. Los intereses derivados de dos fallos judiciales por expropiaciones en el Madrigal y Botànic Calduch obligarán ahora al Ayuntamiento a abonar otros 150.000 euros, provocando “nuevas distorsiones en el actual presupuesto”. Así lo ha revelado el alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien lamenta que “el goteo de empastres y sentencias derivadas de la gestión del Partido Popular al frente del consistorio no acaba nunca y sigue poniendo en dificultades el día a día de la ciudad”.
“En esta ocasión, hemos recibido en el Ayuntamiento la reclamación de los propietarios para que se les abonen los intereses a los que tienen derecho por sentencias de expropiaciones mal hechas por parte del anterior gobierno del PP”, detalla Benlloch. En concreto, las reclamaciones se refieren a una sentencia de la urbanización del Madrigal y otra del Botànic Calduch, que en su conjunto supondrán abonar en torno a los 150.000 euros. “Una cantidad importante que nos permitiría, por ejemplo, poder hacer frente a los gastos por los libros de texto o abonar la paga extraordinaria a los trabajadores municipales que el Gobierno central les quitó en 2012, cantidades que ahora habrá que buscar de otro sitio para poder hacer frente a este nuevo empastre del Partido Popular de Vila-real”, lamenta el primer edil.
En el caso de la sentencia del Madrigal, los propietarios afectados reclaman el cobro de intereses por una cantidad de 116.639,51 euros. La sentencia se remonta al año 2005, cuando el Partido Popular en el gobierno municipal expropió unos terrenos por 145.800 euros, frente a los 437.159 euros que la justicia reconoció en el año 2014. Una diferencia de 291.359 euros que el Ayuntamiento de Vila-real abonó a finales de año y que se suma a los más de 2,5 millones en sobrecostes que se han tenido pagar en la urbanización del Madrigal.
La otra sentencia, más reciente, supondrá el pago de 38.197 euros en intereses, que los propietarios reclaman tras la sentencia de 2013 que les reconocía el derecho a cobrar 641.478 euros por unos terrenos por los que “el PP no les había pagado ni un euro”. “Esta sentencia se abonó en 2014 y ahora, al igual que en el fallo del Madrigal, los propietarios reclaman los intereses a los que tienen derecho”.
“A pesar del tiempo transcurrido y de los 15 millones que nos ha costado ya a los vila-realenses el urbanismo del PP, tenemos que seguir muy atentos a las consecuencias de la nefasta gestión del anterior gobierno, enmendando empastres y más empastres y trabajando para que esta herencia afecte lo menos posible a las arcas municipales y a la vida de los vecinos y vecinas de Vila-real, evitando subir los impuestos, pagando lo que hay que pagar y manteniendo y reforzando los servicios públicos”, valora el alcalde. “Vamos a hacer lo posible por llegar a acuerdos con los propietarios, igual que hemos hecho hasta ahora, siempre con el objetivo de defender los intereses de Vila-real por encima de todo y conscientes de que debemos pagar a los propietarios lo que es de justicia”, concluye Benlloch.
