Rafa Cerdá Torres. Abogado.
El pasado martes, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 977/2015 de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, en tan largo título se pone en marcha toda la maquinaria estatal destinada a que el próximo domingo 20 de diciembre, los sufridos contribuyentes podamos emitir nuestro voto eligiendo nuevos diputados y senadores. Las nuevas Cortes Generales se constituirán el 13 de enero de 2016, y a partir de esa fecha las formaciones políticas según el grado de representación obtenido, deberán conformar un nuevo Gobierno.
Según las distintas proyecciones ofrecidas por las encuestas, el escenario político se encuentra muy fragmentado: el Partido Popular intenta no ceder su primera posición (aunque alejado de la mayoría absoluta) mientras el Partido Socialista intenta obtener un resultado que le permita ser cabeza de puente de una hipotética coalición progresista, desalojando a los populares del Palacio de la Moncloa. Ciudadanos y su líder Albert Rivera, en plena cresta de la ola mediática y aupado por excelentes resultados dados por las encuestas, se erige como una versión actual de Adolfo Suárez: joven, con carisma y enarbolando un discurso fresco y de regeneración. El tiempo acabará de clarificar si la irrupción del político catalán se convertirá en un liderazgo consistente, o por el contrario ‘morirá de éxito’.
El eje de la campaña girará en torno a la Economía, como principal materia sobre la que ha pivotado la recién finiquitada legislatura, y sobre todo al Desempleo, verdadera tragedia sufrida por millones de ciudadanos. Los hasta ahora gobernantes alardearán de una recuperación económica que permite generar puestos de trabajo, mientras que los aspirantes al Gobierno disparan con toda una serie de promesas en materia laboral: desde el blindaje de las causas del despido, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, aumento de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar la mágica cifra de 1.000 euros, y un largo etcétera. Un verdadero ‘y yo más’ con la clara intención de atraer el voto de los millones de parados que existen en nuestro país.
Lo siento pero en este punto todos los programas en materia de empleo, manifiestan una verdadera ignorancia. Todos hablan de los derechos de los trabajadores pero nadie otorga la misma importancia a la verdadera fuente de creación de puestos de trabajo: el empresario. La actividad económica que genera la pequeña y mediana empresa, constituye el auténtico motor de recuperación; el riesgo, el esfuerzo y la constancia asumidos por un empresario se ven ahogados por la voracidad recaudatoria de las administraciones, una burocracia farragosa y lenta y un marco de relaciones laborales rígido y excesivamente complejo.
Únicamente se puede hablar de los derechos de los trabajadores, porque existe la figura del empresario. Toda la cascada de promesas con las que se regalan los oídos a desempleados y a trabajadores en activo (mayores salarios, dificultades para despedir, mayores facultades a los sindicatos,...) no son sufragadas por el Estado, si no por el empresario. Y todas las obligaciones que se le imponen ni de lejos se corresponden con mínimas concesiones que estos años se han ido aprobando.
Un ejemplo: si se está favoreciendo que el salario mínimo interprofesional alcance 1.000 euros, ¿se garantiza que un autónomo perciba idéntica cantidad al mes?, ¿no verdad?, pero si este mismo autónomo contrata personal se le impondrá ese pago, sin importar si puede afrontarlo. Quizás peque de simplista, pero el concepto es claro: los derechos laborales prometidos por los políticos, ni de lejos se ven acompañados por políticas de apoyo al empresario, sobre todo al pequeño y mediano. El gran olvidado. Ojalá recuperen los partidos políticos en tiempos de campaña electoral premien a quien siempre ha cumplido con todas las obligaciones, y casi nunca se respetan sus pocos derechos.
