Rafa Mezquita/Castellón Información
El edil socialista, Javier Serralvo ha denunciado esta mañana las deudas en lo que a infraestructuras se refiere, que Vila-real ha “heredado” del Gobierno anterior del Partido Popular en la Generalitat Valenciana.
El concejal entiende que Ximo Puig “no pude hacer en 100 días lo que no han hecho en 10 años otros”. En este sentido, Serralvo se refería a la Ronda Sudoeste y a las últimas declaraciones de Isabel Bonig acerca de esta infraestructura, que se considera necesaria en la ciudad para dinamizar el tráfico hacia la conexión con la carretera Nacional 340.
El edil entiende que Bonig “se ha dado cuenta” de esta necesidad “en la última visita que ha hecho en Vila-real” porque para Serralvo “solo viene a visitarnos en época de campaña” electoral.
Asimismo, el socialista ha mostrado y ha dado a conocer las partidas que los últimos diez años se habían destinado para la puesta en marcha de esta instalación, y lamenta que “en 2010 se amplió el presupuesto a 8’6 millones y se remodeló el proyecto” porque según el concejal “aún estaba el PP en el Gobierno local” y que a partir de 2011, la Generalitat “ningunea al actual equipo de Gobierno” por no “destinar ni un euro y no especificar la construcción” de este vial.
Así pues, Serralvo explica que el actual equipo de Gobierno ya se ha reunido con varias Consellerias para que se especifique la reformulación del proyecto para que se pueda llevar a cabo su instalación en esta legislatura. En esta línea, el concejal afirma que este propósito se ha incluido en el Presupuesto de Estudios y Proyectos de la Generalitat, y que la intención de Puig tras su visita a Vila-real el pasado mes de noviembre es la de “inaugurar la Ronda”, por lo tanto el Ayuntamiento no presentará ninguna enmienda de momento porque entienden que están haciendo “una gestión de gobierno a gobierno”.
Intermediario local-estatal
Por último, Serralvo explica que de cara a las próximas elecciones en las que aún no se pueden valorar los resultados, sea quien sea el que gobierne a partir de enero, el consistorio quiere que “haya un intermediario que haga que nos escuchen cuando vamos a pedir cosas” porque “la ciudad necesita de un interlocutor que esté presente en todas las instituciones” y “al tanto de los movimientos que se produzcan”.
