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“No vamos a recurrir la sentencia que anula la autorización ambiental integrada concedida por la conselleria en 2011 a la empresa Reyval para el proyecto de construcción de una incineradora en l'Alcora porque, como ya hemos señalado, la decisión del TSJCV no supone una contrariedad sino un estímulo a la nueva gestión de residuos de la Generalitat".
Así se lo ha trasladado el secretario autónomico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, al alcalde de l'Alcora, Víctor Garcia, en la reunión que han mantenido para abordar este asunto.
“No era necesario que nadie nos exigiera aceptar la sentencia, porque no era nuestra intención recurrirla”, ha asegurado Álvaro. “En todo momento hemos estado del lado de la ciudadanía y en contra de la mala política de gestión de residuos de los últimos gobiernos de la Generalitat, de la que la planta de l'Alcora es un buena muestra”.
De hecho, como explica el secretario autonómico, lo primero que hizo al abrir la última reunión de la Comisión de Coordinación de los Consorcios de Residuos de la Comunitat Valenciana, fue felicitar a los colectivos y vecinos de l'Alcora que se opusieron a la ubicación de esta instalación en el municipio.
“Ahora nuestro trabajo consistirá en explorar alternativas a estas instalaciones para plantear soluciones consensuadas, porque no se pueden hacer instalaciones de residuos contra la voluntad de la gente y la incineración no es el camino más seguro ni más eficiente. La gestión de residuos es un problema de todos que hay que resolver entre todos, con una visión de conjunto y solidaria”.
Garcia ha mostrado su satisfacción por el anuncio hecho por el secretario autonómico, así como por la celeridad en recibirlo “para atender un tema tan importante para el pueblo de l'Alcora.
“La respuesta ha sido, sin duda, la esperada”, ha explicado el alcalde, quien también ha agradecido a Julià “el apoyo que ha trasladado desde el principio a las alcorinas y alcorinos”.
“Es evidente, y el caso que hemos vivido en l'Alcora lo confirma, que el cambio en la Conselleria de Medio Ambiente era más que necesario”, destaca Garcia, recordando que “la Conselleria del PP, dirigida por Isabel Bonig, nos quiso imponer una incineradora que nadie en l'Alcora queríamos. Y lo hizo, además, mediante un procedimiento marcado por irregularidades y falta de información, como ratifica la sentencia del TSJCV”.
