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Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almassora trabajan en la modificación de la ordenanza que regula la concesión de Prestaciones Económicas Individuales (PEI) que facilitará el acceso de más vecinos a las mismas. La modificación el texto deberá ser ratificada en sesión plenaria por los grupos municipales el próximo 8 de febrero.
Los cambios introducidos afectarán a los solicitantes de ayudas relacionadas con el pago de la vivienda habitual, destinadas a abonar alquileres, y supondrán un rebaja del tiempo mínimo de empadronamiento en el municipio, que pasará de dos años a uno. También se rebajará el tiempo mínimo de residencia en la vivienda habitual, de seis meses a tres.
Otra modificación significativa en este aspecto será la relativa a la posesión de una vivienda en propiedad, hecho que impedía la concesión de la ayuda. Sin embargo, a partir de ahora, si el solicitante acredita que no puede disponer o habilitar la vivienda por motivos ajenos a su voluntad, podrá recibir la ayuda. Todos estos requisitos podrán exceptuarse en el caso de que la situación de la persona demandante sea de extrema gravedad o urgente necesidad, un aspecto que hasta ahora sólo se contemplaba en las ayudas para alimentación y que ahora se hará extensiva también a las referentes a vivienda o situaciones extraordinarias, como la compra de libros y material escolar.
La alcaldesa de Almassora, Susanna Nicolau, ha informado estas medidas en rueda de prensa esta mañana y ha recordado que para el equipo de gobierno “el acceso a la vivienda o a la educación son tan prioritarios como la alimentación”. La alcaldesa ha recordado que “el número de familias sin ingresos sigue aumentando, por lo que es necesario modificar las condiciones y llegar así a más personas”. Nicolau ha destacado que los servicios sociales y la garantía del bienestar social son “el pilar de nuestra acción de gobierno”.
La modificación de la Ordenanza Reguladora de las Bases para la concesión de Prestaciones Económicas Individuales también contemplará la eliminación de los anexos económicos que recogen los criterios de puntuación de las ayudas. De este modo, si el consistorio modifica estas bases, no será necesaria la intervención del pleno para su aprobación por lo que “ganaremos en efectividad y rapidez y podremos adaptarnos mejor a la situación de cada momento, además de ahorrar costes administrativos”, ha asegurado la edil de Bienestar Social, Diana Belliure.
