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lunes, 25 de noviembre de 2024 | Última actualización: 23:18

La Conselleria de Igualdad remite más de 22.000 misivas a mayores dependientes con el objetivo de explicar los cambios del nuevo sistema

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La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha enviado 22.796 cartas a personas mayores en situación de dependencia para informarles de las modificaciones aprobadas por el Gobierno valenciano en el sistema de atención a la dependencia. Estas modificaciones afectarán a los usuarios de centros de atención diurna, residencias y viviendas tuteladas y a los que perciben alguna prestación económica.

La carta informativa, firmada por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, va acompañada de una infografía en la que se detallan los cambios efectuados por el nuevo ejecutivo para facilitar una mayor autonomía personal y una mejor calidad de vida, eliminando copagos confiscatorios y aumentando las cuantías económicas para una vida digna, restableciendo la pagas extraordinaria de las personas que viven en centros residenciales e incrementando al máximo legal las prestaciones de carácter económico.

Según ha explicado la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, el objetivo de esta iniciativa ha sido "aclarar los cambios y a qué se deben a todas las personas en situación de dependencia y a sus familias que desde el pasado 1 de enero han percibido las mejoras aplicadas".

Del total de cartas enviadas, 11.205 corresponden a las personas dependientes cuyos expedientes han sido revisados para elevar al máximo establecido las cuantías que hasta ahora venían cobrando. Para estas mejoras la Conselleria ha destinado este año 23'8 millones. El resto de las misivas emitidas, 11.256, corresponde a todas aquellas personas mayores a las que se les ha suprimido o reducido el copago, y que son usuarias de centros de atención diurna o residencial.

La Conselleria ha diseñado un plan para resolver cada año 22.500 expedientes, (1.800 al mes) de los que unos 15.000 corresponden al retraso acumulado de más de 45.000 personas que, teniendo derecho a las ayudas, estaban fuera del sistema, a los que se añaden otras 7.500 nuevas incorporaciones