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La Diputación de Castellón está aumentando las cláusulas sociales en la contratación pública como una nueva vía de participación ética y medioambiental con la sociedad de la provincia. Estas nuevas iniciativas ya se han aplicado este año a la contratación de bienes y servicios por cuantía de más de 1,5 millones de euros si tenemos en cuenta los casos más recientes como el de limpieza o el de rehabilitación de caminos rurales. Así, si bien es cierto que la inclusión de este tipo de criterios sociales se aprobó en el Pleno de 22 de noviembre de 2011, en los contratos más recientes el Gobierno Provincial está incrementando este tipo de cláusulas de acuerdo a que es consciente de la importancia de que las Administraciones Públicas exijan a sus licitadores el cumplimiento de ciertos estándares sociales y ambientales, que haga que se produzca una competencia entre las empresas por cumplirlos y mejorarlos para resultar adjudicatarios.
La diputada de Acción Social, Elena Vicente-Ruiz, ha explicado que "este tipo de iniciativas por parte de la Administración Pública aporta a la ciudadanía modelos de empresas más responsables y cuyos efectos positivos se multiplican gracias a las sinergias que se establecen con las diversas políticas públicas. Es por ello que es tan importante, tenemos que ser los primeros en aplicar estos principios, además de evidentemente por el beneficio social inmediato que supone su ejecución".
En todos los contratos tramitados por procedimiento abierto, se solicita a la empresa que se va a proponer como adjudicataria que acredite que cumple con el porcentaje del 2% de personal con discapacidad exigido por la Ley de Integración Social o, en su defecto, que cumple con la adopción de medidas alternativas previa declaración de excepcionalidad. En más de una ocasión el contrato no ha podido adjudicarse a empresas que incumplían dicha obligación.
En algunos contratos como el de la gestión del papel usado, la gestión de pilas usadas o el transporte complementario de autobuses, se ha exigido que la empresa adscribiera a la ejecución del contrato un porcentaje del personal que estuviera en riesgo de exclusión social, acreditado convenientemente.
En contratos recientes como el de arreglos de pistas de caminos se ha supervisado especialmente que las empresas cumplan con el criterio de un 2% de su personal discapacitado; en otros ejemplos, como en el contrato del servicio de limpieza o el de seguridad y vigilancia, se establece la obligación de que la empresa que estuviera inicialmente incursa en baja temeraria deba demostrar aportando un estudio de viabilidad detallado, que puede cumplir con todos los requerimientos económicos y de otra índole que impone el convenio colectivo aplicable al sector, habiendo supuesto esta medida en el primer contrato, el haber excluido a una empresa que no pudo acreditarlo.
También se ha establecido en el contrato de seguridad y vigilancia una cláusula en materia de igualdad y de conciliación familiar como condición de ejecución, de forma que deberá presentar a la Diputación el plan de medidas de igualdad laboral y conciliación familiar, de forma que si no lo cumpliese, el contrato se resolvería.
En otros contratos como la adquisición de vehículos o la edición de libros se han introducido aspectos medioambientales, tanto en la fase de ejecución de contratos como en la fase de selección del contratista, valorando por ejemplo la menor emisión de C02, NO y partículas, en el contrato de suministro de vehículos y, en el contrato de edición de libros, exigiendo un máximo de colores, de gramaje del papel y otros.
